El pleno ordinario del Consell de Formentera celebrado ayer tuvo su momento álgido cuando se propuso presentar una moción de urgencia por parte del equipo de gobierno y relativa al deslinde de Costas. La iniciativa contó con los votos suficientes para salir adelante y fue la consellera de Territori, Alejandra Ferrer, la encargada de defender la postura del ejecutivo insular.
Después de un repaso sobre las decisiones tomadas al respecto desde hace varias décadas, Ferrer hizo hincapié en «retomar el espíritu de consenso demostrado en 2006 cuando todos los partidos políticos, asociaciones y entidades de diversa índole dieron su respaldo a la propuesta de deslinde justo para Formentera a lo que se sumó la firma de apoyo de 2.600 residentes».
Ferrer destacó que, «una vez recibida la propuesta por parte del Gobierno central, desde este equipo de gobierno consideramos instar a que se modifique y se vuelvan a cumplir las premisas originales».
En este sentido, Alejandra Ferrer apuntó que «todas las alegaciones se han realizado a través de técnicos y juristas que trabajan en el Consell y que coinciden con la protección de litoral y la propiedad privada como se detalló en su momento con la propuesta de deslinde justo para la isla».
Para Ferrer, «si el expediente remitido al Consell por parte de la administración central sigue adelante, estamos poniendo en juego nuestro modelo de isla que se ha basado siempre en la protección del litoral y de la propiedad privada afectada» y añadió su preocupación porque este proyecto, «no incluye la protección dunar actual, muchos aparcamientos públicos o pasarelas pasarían a manos privadas y se perderían otros equipamientos públicos con esta bajada de protección».
Reacción del PP
Para la consellera del Partido Popular en la oposición, Gabriela Mayans, y hasta hace pocos años presidenta de la Plataforma de Afectados por el Deslinde de Formentera, «nos parece bien que se quiera volver al consenso, pero cuando leo los «peros» que se están poniendo por parte del Consell parece que se pretende trazar un nuevo deslinde».
Según Mayans, «no es lo mismo protección que expropiación», y aclaró, con respecto a las manifestaciones expresadas por el equipo de gobierno sobre la desprotección de tramos de pasarelas que «la mayoría de estas se encuentran dentro de la zona de dominio público y podría haber solo un mínimo fuera de protección, un 5 por ciento, no lo sé».
«Hay mucha gente afectada en la isla y todos han luchado por un deslinde justo y quiero expresar además que el expediente no ha caducado, como se comentó estos días por parte del equipo de gobierno, y que el informe ambiental que solicitan no ampara el deslinde de costas», sostuvo la portavoz popular.
Por su parte, la consellera Alejandra Ferrer señaló que «el PP ha roto el consenso de manera unilateral, incumpliendo el acuerdo firmado junto con toda la sociedad civil y política de la isla».
La discusión se saldó con el apoyo de todos los partidos, excepto el PP, de una proposición presentada por el equipo de gobierno para instar «a la dirección general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar y al Ministerio de Medio Ambiente para que modifiquen, en el sentido del informe del Consell de Formentera, la propuesta de demarcación de la isla para ajustarla a los criterios incluidos en la propuesta un deslinde justo para Formentera que se consensuó el 2006».
Asimismo, el pleno acordó convocar al Consell d' Entitats, antes de la apertura del próximo período de alegaciones, para conocer y recoger sus propuestas con vistas a futuras actuaciones, «para que vuelva a ser la ciudadanía de Formentera la que decida qué delimitación se quiere para la isla», concluyó la consellera de Territorio, Alejandra Ferrer.