El pleno del Consell de Formentera aprobó ayer con el acuerdo unánime de todos los grupos políticos un endurecimiento de las sanciones por la gestión indebida por parte de los ciudadanos de los residuos sólidos urbanos.
Se trata de una modificación de la ordenanza municipal del Consell que contempla a partir de ahora un importante incremento de las sanciones consideradas como graves o muy graves. En el caso de las graves, el importe máximo de la sanción podía alcanzar en la anterior ordenanza los 1.500 euros, una cuantía que incrementa a partir de esta modificación hasta los 45.000 euros. Por lo que respecta a las sanciones muy graves, éstas pasan de una cuantía máxima de 45.000 euros a un importe que puede llegar al 1.750.000 euros.
Según el portavoz del Consell, Bartomeu Escandell, con esta medida «se trata de crear un efecto disuasorio para que todos los ciudadanos sean capaces de hacer un buen uso de los residuos y saber cómo deben depositarlos a partir de ahora».
Según Escandell, «la institución ha puesto todas las herramientas a disposición de la gente para que se haga un buen uso de los residuos pero lamentablemente siguen estos comportamientos incívicos por parte de algunos ciudadanos».
Con esta medida los responsables del equipo de gobierno esperan que se produzca una corrección por parte de los ciudadanos que hacen este mal uso de los residuos perjudicando de esta manera la imagen general de la isla.
El futuro cuerpo de inspección técnica que creará el Consell, y que tiene previsto empezar a funcionar a partir del próximo mes de mayo, será el encargado de vigilar que se cumpla la normativa en materia de gestión de residuos. Asimismo, la institución municipal seguirá llevando a cabo campañas de sensibilización al respecto.
El pleno del Consell aprobó ayer también por unanimidad una propuesta destinada a fomentar la actividad comercial durante los meses de invierno y otra propuesta, que contó con el apoyo unánime de todos los grupos, relativa al incremento de la vigilancia pesquera y medioambiental en aguas de Formentera por parte de la Guardia Civil del Mar.
LA NOTA
Alegaciones a la ecotasa del Govern
El pleno del Consell también aprobó ayer por unanimidad presen- tar alegaciones al borrador del decreto que regula el nuevo impuesto turístico que empezará a aplicarse este verano. En las alegaciones se pide un mayor poder de decisión por parte de los consells para poder decidir y priorizar los proyectos que se quieran realizar con el dinero recaudado. Según la consellera de Turisme, Alejandra Ferrer, la redacción actual del decreto establece una comisión que actúa como órgano de decisión y «que cuenta con miembros de asociaciones y entidades a nivel balear pero no de cada una de las islas y que otorga además una representación mínima a los consells». Según Ferrer, esta comisión cuenta con 34 miembros y el Consell de Formentera sólo puede «asegurarse un voto».