El pleno del Consell de Formentera aprobó por unanimidad ayer una propuesta para implantar medidas de control de la procesionaria del pino en la isla. Así, la institución al completo solicitó a la Conselleria Balear de Medi Ambient que continúe realizando el seguimiento de la población de procesionaria con trampeo con feromonas. Asimismo, y debido al incremento en el número de capturas de mariposas, que se ha doblado en un año, se pedía al Govern que realice un tratamiento fitosanitario de choque con el agente biológico bacillus thuringiensis en las zonas más afectadas mediante un vehículo todoterreno durante este 2016. Se continuará también con la eliminación manual de las bolsas de procesionaria y la destrucción a tiros de escopeta.
Daisee Aguilera, consellera insular de Medi Ambient, pedía que el Gobierno inicie la tramitación de las autorizaciones para hacer tratamientos aéreos con el mismo agente biológico, una propuesta que cuenta con el apoyo de la sección de medio ambiente del Consell d'Entitats de la isla. Y es que, según explicó la consellera, el bacillus thuringiensis no afecta a la flora ni a la fauna a diferencia del que quería usar el anterior Gobierno en 2014, el diflubenzuron, que sí lo hacía, y por eso se topó con el rechazo de la sociedad formenterense a su aplicación. Aguilera agradeció la buena sintonía con el actual ejecutivo balear para luchar contra la afectación de esta plaga.
Por otra parte, la máxima institución insular dio un paso adelante más para pedir un mar Mediterráneo libre de prospecciones petrolíferas con la solicitud de finalización del trámite del expediente de sondeos exploratorios desde la plataforma de Casablanca promovido por Repsol.
Por otra parte, el Consell de Formentera ha abierto 27 expedientes a siete empresas de alquiler de vehículos por ocupar terrenos rústicos para el almacenamiento de sus coches y motocicletas así como la ocupación de aparcamientos públicos con vehículos no alquilados, prácticas que está prohibida por la ordenanza insular referente a la reserva de suelo público. La falta de licencia de actividades o la no inscripción en el registro turístico como actividad de alquiler de vehículos, tal y como obliga el decreto de desarrollo de la ley de turismo del 2012 serían otras malas praxis que habrían provocado la aplicación de los expedientes. Las sanciones derivadas de estos expedientes superarán los 150.000 euros. También en materia de movilidad se destacó que las nuevas rutas verdes forman parte de una red de itinerarios pensados para la movilidad a pie y en bicicleta para desplazarse de forma segura y tranquila por la isla.