El Consell de Formentera adjudicó ‘a dedo' entre 2015 y 2017 casi 10 millones de euros en contratos menores, según datos aportados por Bartomeu Escandell, conseller de Presidència, en el pleno de ayer. La administración insular hizo 389 contratos por valor de 4.265.000 de euros en 2015 (año de elecciones); 281 contratos por valor de 2.774.000 euros en 2016 y 299 contratos por valor de 2.858.000 euros en 2017.
Cuestionados sobre si el Consell tiene pensado ceder territorios al Ibavi para la construcción de viviendas (de acuerdo con la nueva ley de vivienda del Govern), Alejandra Ferrer, concejala de Territorio y Turismo, respondió que «se están negociando los trámites finales para conseguir terrenos que se puedan ceder».
Respecto a qué terrenos y viviendas se utilizarían, la consellera aseguró que esas competencias son del Govern, que «es quien las va a construir» y que ellos están «trabajando en la cesión de un terreno».
Respecto a la regulación de la entrada de vehículos a la isla que se pone en marcha cada verano, el concejal de Infraestructuras y Movilidad Rafael González afirmó que «se iniciará durante el próximo mes de junio y será similar a la del año pasado».
Durante la sesión, la concejala de Territorio y Turismo Alejandra Ferrer fue preguntada sobre si su equipo de gobierno iba a pedir al Govern una «reducción al impuesto sobre el turismo», a lo que la consellera respondió que ya se pidieron en su momento y que «se presentaron alegaciones tanto a la ley de turismo como al decreto que lo desarrolla». Ferrer explicó que sí están de acuerdo con la subida «durante los meses de temporada alta» pero que se eliminara durante los meses de temporada baja. Sin embargo, la oposición no se contentó con la respuesta de Ferrer y añadió que «la principal queja de los turistas en 2017 son los precios elevados», según datos publicados por el barómetro turístico. Una medida que el PP califica de «turismofobia» y que, no solo no debería duplicarse, sino que se debería eliminar, aseguraron.
Ferrer, no obstante, se mantuvo firme y rebatió los argumentos de Juanma Costa, también presidente de la Cámara de Comercio pitiusa. «El barómetro en ningún momento especifica que tengan algún problema con el impuesto turístico» sostuvo la consellera, que consideró que los dos euros que supone el impuesto turístico «no pueden ser la causa de los precios». La concejala añadió que las quejas tienen que ver con la oferta complementaria, sobre todo, alojamientos y alquileres de vehículos.
Las últimas cuestiones que se debatieron durante la sesión plenaria fueron las incorporaciones de policías locales y arquitectos al departamento de Urbanismo. Para el mes de julio, explicó Escandell, se espera la incorporación de seis policías locales. «Estamos esperando a que llegue la documentación por correo. La semana que viene se dará la lista de admitidos y no admitidos», aseguró. Alejandra Ferrer, concejala de Territorio, explicó que «el procedimiento se ha reabierto» porque el único arquitecto que aprobó la prueba renunció a la plaza.