El Consell de Govern, que se celebró ayer por primera vez en esta legislatura en Formentera, aprobó el proyecto de ley para la sostenibilidad medioambiental y económica que permitirá la regulación de la entrada de vehículos en la menor de las Pitiusas a partir del próximo año.
Esta nueva ley de ámbito autonómico, que está previsto que se apruebe a principios de 2019, dará al Consell la capacidad de diseñar medidas concretas con el fin de aplicar estas restricciones. Desde el gobierno insular se deberá establecer cuáles son los límites que marcará esta nueva normativa.
Tal y como apuntaba la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, este proyecto es «pionero» en España «ya que es la primera vez que se legisla en este sentido» y también a nivel Europeo, dado que «no hay ninguna isla tan grande que tenga una regulación de este tipo».
En paralelo, el proyecto de ley obligará al gobierno del Consell a potenciar el uso del transporte público, así como de vehículos eléctricos o no contaminantes. Además, deberán incrementar los puntos de carga eléctricos en aparcamientos y diseñar nuevos proyectos que beneficien a la sostenibilidad ambiental.
La presidenta del Govern destacó que esta experiencia marcará un antes y un después en Formentera y que, además, servirá de ejemplo en otros territorios. Sin embargo, en el resto de las Baleares afirmó que cada isla, en función de sus problemas de movilidad deberá «aplicar políticas propias». Según Armengol, «lo que haremos en Formentera, sinceramente, no creo que sea lo mismo que podremos plantear en Ibiza, Mallorca o Menorca».
Por su parte, el presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, insistió en el «esfuerzo» del Govern por aprobar esta regulación que tanto tiempo venía reclamándose desde la isla. «Estamos muy satisfechos y esperamos que todo el proceso sea ágil para poder aplicar la ley cuanto antes», afirmó.
Sanciones
El importe de las sanciones en el caso de incumplir la normativa podrá llegar hasta 10.000 euros en los casos más graves, tales como circular sin autorización, falsificar datos o, en el caso de las empresas de alquiler, si se comprueba que su flota supera el máximo requerido.
Entre las sanciones leves encontramos supuestos como circular sin el distintivo visible o acceder a espacios limitados y tendrán un coste de hasta 1.000 euros.