El presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, los consellers Bartomeu Escandell y Sonia Cardona y el exconseller Josep Mayans –todos de Gent per Formentera– se sentarán en el banquillo de los acusados por el ‘caso Punta Prima'. El Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza les acusa de los delitos de prevaricación administrativa, desobediencia, falsificación y ocultación de documentos y coacciones. Además, según adelantó ayer el diario El Mundo, también se les ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 500.000 euros. De no abonarla, se les embargarán sus bienes en cantidad suficiente para asegurar este medio millón de euros.
El empresario alemán Leo Stöber, responsable de la empresa promotora del complejo turístico Sunway S.L. en la zona de Punta Prima, denunció en febrero de 2012 a los consellers de Gent per Formentera que formaban parte, entonces, del equipo de gobierno de la institución insular junto con el PSOE después de que con la aprobación de las Normas Subsidiarias en 2010 los terrenos de Stöber en Punta Prima, donde tenía la intención de llevar a cabo una ampliación de su ciudad de vacaciones, quedaran como inedificables.
En la primera querella, de cuya investigación también se ocupó el Juzgado de Instrucción número 4, también estaba incluida la diputada Sílvia Tur, lo que obligó a trasladar la causa al Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB). En abril de 2017 el TSJIB archivó el caso, pero tras un recurso de Sunway S.L. lo reabrió en julio del mismo (ya con Sílvia Tur fuera de la causa) y devolvió las investigaciones al Juzgado de Instrucción número 4.
El empresario Leo Stöber aseguró ayer que «nunca estoy contento de que juzguen a nadie pero esta gente la ha hecho muy gorda y no ha habido más remedio que defendernos de lo que nos han hecho». En este sentido, Stöber, cuyo abogado es el exfiscal anticorrupción Pedro Horrach, explicó que el asunto de Punta Prima «es un disgusto permanente desde hace 40 años, pero como no somos de las familias influyentes ni nos juntamos a tomar copas con las personas que mandan, así funcionan las cosas».
Además de esta causa, Stöber también mantiene abierta una reclamación patrimonial contra el Consell de Formentera que asciende a más de 29 millones de euros.