El sindicato UGT acusó ayer, a través de un comunicado, al Consell de Formentera de haber cometido irregularidades en dos procesos de selección de personal y señaló al gerente del organismo, Isidor Torres, de interferir de forma ilegítima en los mismos.
Desde el sindicato denunciaron el uso recurrente del SOIB para la contratación de funcionarios, cuando es un procedimiento que, según explicaron, sólo debería ajustarse a casos de urgencia. Asimismo, también aseguraron que la manera de proceder por parte del tribunal y de la gerencia del Consell no se ajustó, en estos dos casos en particular, a los requisitos de igualdad, mérito y capacidad que deben prevalecer en este tipo de procesos.
Los hechos
En diciembre de 2018 UGT recurrió ambas ofertas del SOIB al detectarse en las mismas «una serie de errores», entre los que destacaba la solicitud de personal con una titulación inferior a la requerida. «Desde UGT no dudamos de la fiabilidad del SOIB, sino de algunas prácticas dudosas de la Gerencia del Consell de Formentera, con el beneplácito de la consellera de personal», matizaron.
En este sentido, señalaron directamente al gerente del Consell de Formentera, Isidor Torres, de involucrarse en el proceso de selección y de haber ejercido supuestos tratos de favor a personas allegadas. UGT explicó que su figura «no forma ni puede formar parte del órgano de selección», por lo que «su acceso al contenido del examen con anterioridad al mismo constituye una práctica dudosa y arroja sospechas sobre la limpieza y transparencia del proceso selectivo».
«Según ha podido saber este sindicato, el gerente declaró ante el personal de secretaría del Consell de Formentera haber realizado el examen para el procedimiento del personal administrativo, dando detalles del mismo», declararon. «También en el proceso de selección de un asesor o asesora agrícola UGT ha tenido conocimiento de que no se llamó a todas las personas que figuraban inscritas en el SOIB […] por lo que no se dio la igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos como establece la normativa vigente», añadieron.
El representante de UGT, José Ramón Mateos, declaró que tras cinco meses sin obtener ninguna respuesta de la institución decidió poner los hechos en conocimiento de la opinión pública. El delegado sindical aportó, además, a Periódico de Ibiza y Formentera los documentos que acreditan las diferentes denuncias administrativas realizadas a finales del año pasado.