El pasado lunes se celebró el juicio pendiente tras el recurso contencioso administrativo contra el Consell de Formentera que UGT interpuso en noviembre por «vulneración de los derechos fundamentales» de un funcionario, al impedir su nombramiento como auxiliar administrativo interino en la Policía Local, el pasado mes de octubre.
Tal y como aseguró el sindicato entonces, a través de un comunicado, su delegado sindical en el organismo insular fue cesado por realizar una acción sindical «activa, reivindicativa y molesta». Esto, según UGT, atentaría contra derechos como la libertad sindical, la tutela judicial efectiva y el acceso a la función pública de un delegado del sindicato.
Por parte del Consell de Formentera, su gerente, Isidor Torres, explicó ayer que en este caso «no hay ningún tipo de vulneración de los derechos sindicales, porque lo que ha sucedido no tiene nada que ver» con los mismos. Desde su punto de vista, «lo que se está juzgando es si una persona por el hecho de ser liberada sindical quedaba eximida de una base de un proceso de selección que obligaba durante los tres primeros meses a realizar funciones propias del lugar de trabajo».
En este sentido, ya en su día UGT defendió su postura alegando que el delegado sindical ya había trabajado como auxiliar administrativo para la institución entre enero de 2015 y agosto de 2016, por lo que se acusó al Consell de «no actuar de buena fe» y de «perjudicar» a su persona.
El gerente del Consell, que acudió al juicio del lunes en calidad de testigo, relató al respecto que la máxima institución insular desconocía en aquél momento si las condiciones del delegado sindical le permitían hacer eso o no, por lo que pidieron un informe externo. De este análisis, según aseguró Torres, se extrajo que «cualquier persona tenía que cumplir las bases de un proceso de selección y que el hecho de ser liberado sindical no era razón para eximir a alguien del cumplimiento del periodo de prueba». «El Consell de Formentera hizo suyo este informe jurídico y dejó sin efecto el nombramiento de esta persona», declaró.
Pese a ello, desde UGT afirmaron en noviembre que el cese del delegado está relacionado con el hecho de que éste interpuso una demanda para que le reconocieran «su condición de indefinido después de que acabara su contrato en fraude de ley» como agente de empleo y desarrollo en el Consell de Formentera. En este sentido, apuntaron entonces que no se le renovó el contrato a un mes de que se convirtiera automáticamente en indefinido no fijo por «su importante actuación sindical como presidente del comité de empresa de la institución insular», desde principios de 2017. En su defensa, el Consell de Formentera aportó el informe en el que la Fiscalía de Balears desestimó en diciembre el recurso interpuesto por el demandante.