El 30 de junio de 2018, José Ramón Mateos, presidente del Comité de Empresa del Consell de Formentera, fue despedido, por supuesta finalización de su contrato de obra y servicio en el que llevaba más de 22 meses.
Esta finalización supuso la interrupción de proyectos que estaban en marcha, «ocasionando perjuicios a los usuarios», según explicó el propio José Ramón a Periódico de Ibiza y Formentera. También perjuicios a su persona, ya que se quedó «en el paro durante un año, sin cobrar nada y con tres hijos», explicó.
Este caso suponía el único en que un trabajador del Consell de Formentera no se convertía en indefinido al transcurrir los dos años de servicio, precisaron desde UGT.
La titular del Juzgado de lo Social número 1 de Ibiza considera que el Consell de Formentera incurre en «fraude de ley al abusar de la contratación temporal para cubrir necesidades permanentes», al mismo tiempo que declara «la improcedencia del despido y señala que el trabajador, representante de los trabajadores puede optar a la readmisión con abono de los salarios dejados de percibir que ascienden a unos 29.000 euros», apuntaron desde UGT.
Según explicó José Ramón «he optado por la readmisión y ahora hay un plazo de cinco días para que contacten conmigo y me incorpore a mi puesto de trabajo».
«Venganza sindical»
José Ramón insistió en que fue una «venganza sindical y no algo laboral». Asimismo señaló que «la sentencia es una bofetada a las formas y prepotencia de Gent per Formentera y a la consellera Vanessa Parellada- consellera encargada de Personal la pasada legislatura».
En este sentido el afectado dijo que le gustaría «que me pidiesen perdón porque me han tenido un año sufriendo y en el paro porque les dio la gana». Además pidió la dimisión de Parellada «porque está demostrado que no está capacitada para gobernar y gestionar dinero público», apuntó.
Lo que denunció en su momento este delegado sindical fue que «los procesos de contratación en el Consell son incorrectos, no tienen en cuenta méritos, contratan por SOIB y en funcion de una entrevista que no se graba...», detalló.
El puesto de agente de ocupación y desarrollo local (AODL), que gestiona proyectos de formación e inclusión social, y que se venía cubriendo desde hacía más de una década, sin que necesariamente esos proyectos vinieran financiados con fondos de otras administraciones, entiende la Juez que respondía a una necesidad permanente y por tanto, no podía ser cubierto mediantes contratos de obra o servicio.
Por otra parte, el objeto de los mismos era tan impreciso e inconcreto en la «realización de tareas de AODL» que eso mismo «también la hacía incurrir en situación fraudulenta», señalaron desde el sindicato UGT.