La comisión de gobierno del Consell de Formentera ha adoptado la decisión de pagar las costas de la defensa del expresidente del Consell, Jaume Ferrer, en el ‘caso Contratos' que instruye el juzgado número 12 de Palma de Mallorca.
Así lo acordó la sesión del órgano ejecutivo de la institución insular celebrada el pasado 14 de febrero, en la que se acordó «asumir los gastos de la defensa y representación de Jaume Ferrer Ribas, en las diligencias previas del procedimiento abreviado», que tramita dicho juzgado a instancia del PP y el Ministerio Fiscal contra cinco personas, entre las que se encuentra Ferrer, por un presunto delito de prevaricación administrativa.
El Consell alega que toma esta medida porque la denuncia se produjo en el ejercicio de las funciones de presidente de la institución y previo informe jurídico del secretario, algo que se ampara en el Real Decreto 128/2018 y en la Ley 20/2006, que regula la Administración Local de Baleares.
La causa impulsada por el PP y el Ministerio Fiscal se dirige contra la exconsellera de Cultura, Ruth Mateu, el exdirector del Institut de Estudis Baleàrics, José Ramón Cerdà, el exjefe de campaña de MÉS, Jaume Miquel Garau, el exdirector de la Agencia de Turismo de Baleares, Pere Muñoz, el mencionado Jaume Ferrer y tres empresas de consultoría, por «la posible existencia de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude».
En el acuerdo tomado por la comisión de gobierno formada por Gent per Formentera (partido al que pertenece Jaume Ferrer) y PSOE, se establece que la defensa la ejerza el abogado Fernando Mateas, puesto que ha defendido a Ferrer y al Consell en otras causas judiciales por sus actuaciones.
Del mismo modo, se recoge que, en caso de que se condene a la acusación a afrontar los costes del proceso judicial, tendrá que ser esta la que abone dichas cantidades. Por el contrario, si se condena al Consell a abonar algún tipo de gasto por «actuación dolosa» de Ferrer, será el expresidente del Consell quien abone el pago.
El representante de la oposición compuesta por Sa Unió de Formentera, PP y Compromís, Lorenzo Córdoba, se mostró «extrañado» de que al ser un proceso penal, que es contra una persona en particular, «tenga que ser el Consell quien asuma el gasto».
Córdoba argumentó que esta medida «aparenta ser una especie de préstamo a esta persona para que pueda pagarse la defensa» y remarcó que Ferrer ya no ocupa ningún cargo en el Consell. En su opinión, lo que se debería haber hecho es esperar a la sentencia para tomar una decisión y, en caso de ser favorable a Ferrer, abonar las costas del procedimiento.
Aún así el dirigente, quiso ser cauto y esperar al próximo martes, cuando hay pleno del Consell, para escuchar las explicaciones de la actual presidenta, Alejandra Ferrer.