El Consell de Formentera informó este viernes, a través de un comunicado, de que el secretario de la institución ha emitido un informe jurídico a propósito de la legalidad de una contratación administrativa efectuada por el Consell a un trabajador en situación de excedencia voluntaria que fue denunciada a través de una nota de prensa por parte del representante de UGT en Formentera, Jose Ramon Mateos, la pasada semana.
El secretario señala en informe que no se ha infringido ninguna normativa. En el documento se explica que se hizo un encargo de un trabajo mediante un contrato menor con un plazo de ejecución de 3 meses y de un importe de 3.484,80 euros IVA incluido.
El jurista destaca que «de la legislación sobre el personal al servicio de las administraciones públicas se deriva que este tipo de incompatibilidades no vigeixen cuando el personal de que se trata no está en activo, como es el caso».
Según recoge el escrito, si se trata de una contratación para finalizar un trabajo que precisamente estaba realizando ya antes, en activo, como personal laboral y él era quien mejor la conocía y el único responsable de esta, se considera que no se ha infringido ninguna regla.
Igualmente también considera que «se han otorgado compatibilidades para el personal al servicio de la corporación para trabajos fuera de la institución a propósito de finalizar trabajos que las mencionadas personas tenían iniciados, de tal manera que en sentido equivalente, si era la Administración la que solicitaba la realización del trabajo incluido en la contratación susodicha, de personal en excedencia, había un interés interno que resulta plausible de considerar».
Sa Unió
Por su parte, Sa Unió de Formentera PP-Compromís anunció este viernes que pedirá explicaciones a la responsable de la Conselleria de Juventud y Nuevas Tecnologías del Consell de Formentera en relación al pago de una factura por unos trabajos de cambio de configuraciones, que han supuesto un desembolso de cerca de 3.500 euros públicos, a un trabajador de ese departamento que se encuentra en situación de excedencia.
La formación política considera que la institución insular podría haber vulnerado la Ley de incompatibilidades, tal y como ha denunciado UGT. De hecho, Sa Unió ha anunciado su apoyo a la denuncia presentada por el sindicato porque, si bien hay opiniones contradictorias sobre este asunto por cada una de las partes, «es un hecho que exige una explicación urgente por parte de la consellera, que debe actuar con la máxima transparencia sobre este asunto y tiene que explicar cómo piensan solucionarlo».