Un total de 112 empresas de todo el territorio nacional optan a la explotación de las 50 concesiones de servicios de temporada en las playas de Formentera hasta el año 2027, como son chiringuitos y alquiler de hamacas y sombrillas. Dichas concesiones, según se desprende del expediente elaborado por el Consell de la pitiusa del sur, se dividen en lotes, entre los que se diferencian los desmontables y los no desmontables.
El que más interesa a los empresarios, a tenor del número de solicitudes que ha recibido (un total de 16) es la concesión de 70 hamacas y 35 sombrillas en la playa de es Pujols. Le sigue, con 15 empresas interesadas en su gestión, el quiosco de la misma playa de Es Pujols con 20 metros cuadrados de instalación cerrada, un baño de 10 metros cuadrados y una terraza abierta de 30 metros cuadrados.
Le siguen en interés empresarial la gestión del quiosco y un lote de 60 hamacas y 30 sombrillas en Cala Saona, con 10 empresas que pugnan por la concesión, y los dos quioscos de la zona de Arenals de la playa de Mitjorn, con 9 empresas interesadas en cada uno.
En el lado contrario se encuentran un lote de 40 hamacas y 20 sombrillas en la playa de es Caló y un quiosco de prensa en la zona de es Cupinà, por los que ninguna empresa se ha interesado. En este sentido, desde el Consell de Formentera señalaron que en estos casos los pliegos prevén que se puedan volver a licitar.
Asimismo, informaron de que cada empresa «se puede presentar como máximo a tres lotes de los 50 que se licitan y como máximo a un kiosco de tipología A, con terraza y baño, y a dos escuelas de vela».
Libre concurrencia
La máxima institución de la pitiusa del sur indicó a su vez que, desde la última licitación de 2013 «la Ley de Contratos del Sector Público ha cambiado, el marco normativo ahora es mucho más exigente que en 2013. Además, hay que tener en cuenta que tenemos la obligación de tener libre concurrencia entre todos los ciudadanos de la Unión Europea», por lo que empresas extranjeras también han podido optar al concurso.
Respecto a los cambios que se han producido a la hora de valorar las ofertas, «en la presente adjudicación se da más peso a cuestiones medioambientales (instalaciones, materiales y residuos), a la calidad del servicio y a otras cuestiones de carácter social y de formación en igualdad y derechos laborales», concluyeron desde el Consell.