El Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza ha decretado la apertura de juicio oral contra el ex presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, y los ex consellers Sonia Cardona, Bartomeu Escandell y Josep Mayans por los delitos de prevaricación administrativa, desobediencia y malversación de caudales públicos. Asimismo, en el auto judicial se impone a los acusados una fianza de 8.027.999 euros con la finalidad de asegurar «las responsabilidades pecunarias y/o civiles que, en definitiva, pudieran interponérseles».
Esta apertura de juicio oral, decretada el pasado 20 de enero, responde a una denuncia presentada por el empresario Leo Stöber, propietario de la mercantil Sunway S.L., en octubre de 2013. Todo se remonta a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) del 4 de febrero de 2009 por la que se declaraba nulo el acuerdo municipal de fecha 27 de abril de 2005. En ese acuerdo se concedió licencia de obra a tres edificios de locales comerciales (el Centro Comercial Sant Ferran, conocido como Ca ses Castellones), en un enclave dentro del entorno del Bien de Interés Cultural (BIC) de la iglesia de Sant Ferran.
El TSJB acordaba de forma expresa «la reposición de las cosas a la realidad anterior a la ejecución de las obras realizadas al amparo de la licencia anulada», es decir, que se derribara la construcción ejecutada.
Cronología
Según la cronología reflejada en el auto del Juzgado de instrucción número 3 de Ibiza, el Govern balear autorizó al Consell el 28 de noviembre de 2009, mediante un decreto, a efectuar nueva delimitación de los tres conjuntos históricos de la isla declarados BIC: las iglesias de Sant Ferran y Sant Francesc y el Pilar de la Mola. Y así lo hizo la institución presidida por Jaume Ferrer el 10 de diciembre de 2009, donde en sesión plenaria extraordinaria se aprobaron las nuevas normas subsidiarias de la isla, en las que se alteraban las afecciones de los Bienes de Interés Cultural de Formentera.
Pocos días después el Consell presentó ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Palma incidente de inejecución de la sentencia por causa legal, lo que fue desestimado en septiembre de 2010 y posteriormente declarado firme por parte del TSJB en junio de 2011 tras la desestimación de un nuevo recurso de apelación.
En junio de 2012 la institución formenterense emitió una resolución por la que se acordaba abrir un plazo de audiencia a los interesados para la posible legalización de las edificaciones realizadas con licencia municipal de obras anuladas por la sentencia judicial.
Fiscalía también acusa
En este caso el ministerio Fiscal ha presentado escrito de acusación contra Jaume Ferrer y Bartomeu Escandell por delito de desobediencia, y solicita que se les imponga las penas de 18 meses de multa a una cuota diaria de 15 euros. Asimismo, ha solicitado el sobreseimiento de la causa con respecto a Sonia Cardona y Josep Mayans «al no haber quedado acreditada su participación en los hechos».
Por su parte la acusación particular mantiene la acusación contra todos los implicados y solicita penas de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación administrativa; multa de 12 meses a razón de 20 euros diarios e inhabilitación para empleo o cargo público por un tiempo de dos años por el delito de desobediencia y la pena de seis años de prisión e inhabilitación absoluta por un período de 15 años por el delito de malversación de caudales públicos.
Además, la acusación ejercida por el empresario Leo Stöber solicita que se fije la responsabilidad civil de los investigados en algo más de seis millones de euros, que es el coste de las circunvalaciones de Es Pujols y Sant Ferran, «precio total de unos supuestos viales que en realidad son una urbanización».
Esta petición hace referencia a una última parte de la denuncia interpuesta por Stöber, en la que destacaba que, en las Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente en el año 2013, se dispusieron seis diferentes unidades de actuación en la localidad de Sant Ferran y otras seis en Es Pujols «que fueron provistas de servicios tales como red viaria, abastecimiento de agua, alcantarillado, alumbrado público, energía eléctrica y telecomunicaciones cuyos gastos no han sido repercutidos a los propietarios de los terrenos afectados».
Este último caso nada tiene que ver con el intento de modificar la legislación para evitar la demolición del centro comercial, pero fue incluido en su querella por el empresario alemán afincado en Formentera al detectar un supuesto trato de favor a determinadas personas.