La Subdirección General de Dominio Público Marítimo Terrestre, perteneciente a la Dirección General de la Costa y el Mar, propuso el pasado mes de octubre denegar la solicitud de concesión realizada por el Consell de Formentera para la ocupación de unos 857 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre con destino a instalaciones de los servicios de playa del litoral en varios tramos de costa de varias playas de Formentera. Esta petición buscaba, entre otras cosas, que los chiringuitos de playa pudieran estar abiertos los 12 meses del año sin tener que desmontarse como mínimo un mes al año.
Los motivos
Entre los motivos por el que el órgano dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica considera que no se tiene que aprobar la concesión, destaca el hecho de que en Cala Saona, Es Migjorn y Els Arenals, consideradas tramo natural de playa, existen en dominio público marítimo-terrestre establecimientos expendedores de comidas y bebidas a una distancia inferior al mínimo de 300 metros establecidos en el artículo 68.1 del Reglamento General de Costas y, además, el de Cala Saona no es desmontable. En los casos Ca Marí, es Copinyar y es Pujols, calificados como tramo urbano de playa, existen también establecimientos expendedores de comidas y bebidas a una distancia inferior a los 150 metros establecidos en el artículo 69.2 del Reglamento General de Costas.
Ante esta propuesta de denegación, la Junta de Gobierno del Consell Insular de Formentera, reunida el pasado 2 de diciembre, decidió, según consta en el acta oficial de la sesión, realizar una serie de alegaciones en base a unos informes elaborados por los servicios jurídicos y técnicos de la institución con el fin de que finalmente se aprueba le solicitud, ya que de lo contrario pondría en peligro el polémico concurso que, a día de hoy, sigue abierto para la adjudicación de los citados servicios de playas.
Y es que, según explicaron fuentes del Consell formenterés, hasta ahora se solicitaban a Costas autorizaciones temporales de playa, que se adjudicaban en períodos de cuatro años. Esta vez desde la administración insular se solicitó la figura de la concesión, que permitía que los quioscos no se tuviesen que desmontar al menos un mes en invierno. Al tratarse las concesiones de títulos más complejos, Costas ha sido más dura a la hora de revisar todos los requisitos para su aprobación.
La polémica radica en si las playas en las que se encuentran los quioscos están consideradas naturales o urbanas, lo que haría que los establecimientos cercanos que ofrezcan los mismos servicios, en este caso el servicio de comidas y bebidas, tuvieran que estar a una distancia mínima de 150 o 300 metros.
Además, si finalmente se denegase definitivamente la concesión el Consell no podría continuar con el actual concurso, que aún está en los tribunales y del que la administración sigue resolviendo alegaciones, ya que en él se ofrecía a los licitantes los beneficios de la concesión en lugar de la autorización temporal.
Desde el equipo de Gobierno insular recordaron que, a día de hoy, «no se ha recibido resolución alguna a la solicitud de concesión por parte de Costas», y aclararon que el procedimiento se encuentra en trámite de audiencia. Además, insistieron en que «la licitación de los servicios de playas sigue su curso».