El Consell de Formentera explicó ayer que 39 de las facturas por un importe de 178.000 euros que Intervención del Consell había calificado de «indebidamente adquiridas» y que fueron reconocidas por el Ejecutivo insular en la Junta de Gobierno celebrada el pasado 24 de marzo corresponden a la «atención y seguimiento de los menores migrantes no acompañados llegados a las costas de Formentera».
Concretamente, y según datos de la Delegación del Gobierno, el año pasado arribaron en patera a la menor de las Pitiusas un total de 499 inmigrantes irregulares, aunque a día de hoy este periódico no ha podido conocer cuántos de ellos eran menores de edad no acompañados (los popularmente conocidos como menas).
Según precisaron desde la institución insular, se justifica que no se realizara la contratación de este servicio mediante un contrato porque «se trata de una situación sobrevenida debido a la crisis migratoria que se vive en el Mediterráneo en los últimos años». Además, afirmaron que las facturas «cuentan con el visto bueno de los informes técnicos y de conformidad de las áreas de Servicios Generales y de Bienestar Social, en los cuales se acredita la realización del servicio, el precio del mercado, así como la motivación de la realización de la actuación».
El informe planteado por Intervención ponía en evidencia que estas obligaciones económicas adquiridas por el Consell se consideraban «indebidamente adquiridas por concurrir algunos de los supuestos que recoge el Tribunal de Cuentas» en su clasificación de este tipo de irregularidades. En este caso «estamos ante la ausencia total de procedimiento de contratación adecuado, alegando motivos de urgencia, sin utilizar ningún tipo de procedimiento escrito, por lo que a nuestro parecer se han producido infracciones procedimentales, ausencia de requisitos básicos, trámites o elementos esenciales que vician el acto de nulidad», aseguraba el informe de los servicios de Intervención de Formentera.
Curiosamente ya en octubre de 2019, tras una visita de la consellera de Bienestar Social del Consell d'Eivissa, Carolina Escandell, a la menor de las Pitiusas, ya se calificaba de «situación sobrevenida y de emergencia» la masiva llegada de menores inmigrantes en patera a las Pitiusas. En esos momentos Formentera anunció que iba a incorporar más técnicos al área de Bienestar Social, que en aquellos momentos sólo contaba con dos profesionales a tiempo completo y uno a tiempo parcial. Eso permitiría, según anunciaron, que uno de estos técnicos pudiera tener responsabilidad sobre los nueve menores llegados en aquellos momentos a Formentera y, de esa forma, «ayudar en la labor técnica y la supervisión» que hasta la fecha había corrido a cargo del Consell d'Eivissa.
En cuanto a la factura de 18.150 euros correspondiente a la abogada Ascensión Joaniquet, la institución insular afirmó que «se contrató la asistencia jurídica de dicha letrada y la factura que presentó superaba por un céntimo de euro el trabajo contratado, por tanto, se consideró como un error en la factura y por criterio de economía procesal, dada la ínfima diferencia, se siguió adelante con el expediente correctamente instruido».
La Junta de Gobierno procedió a aprobar el reconocimiento extrajudicial de deuda de las 40 facturas «sin perjuicio de exigir las correspondientes responsabilidades por la realización de gastos al margen del procedimiento establecido».