El conseller de Promoción Económica y Administración del Consell de Formentera, José Manuel Alcaraz, ha denunciado este miércoles que el anterior equipo de gobierno, dirigido por la socialista Ana Ferrer, ha dejado vacías las arcas de la institución en lo que al presupuesto de gasto corriente se refiere. La institución insular aprobó para este 2023 un presupuesto de casi 32 millones de euros. De estos, el anterior gobierno se ha gastado entre enero y junio 12,8 millones en gasto corriente.
En declaraciones a Ràdio Illa, Alcaraz ha señalado que este gasto podría obedecer a la celebración de las elecciones del pasado 28 de mayo. En este sentido, el conseller ha explicado que el anterior gobierno insular «quería que la gente viera que las cosas estaban arregladas y bonitas, los caminos, las calles, la jardinería, etcétera». De ahí que, en su opino, se haya producido «este exceso de gasto» que supone que «el 100%» de la partida anual.
Ante esta situación, el nuevo equipo de gobierno, presidido por Lorenzo Córdoba, ha tomado la decisión de recortar este tipo de gasto y modificar el presupuesto para poder tener fondos. Y es que el Consell no podrá tirar del remanente de tesorería, que sube a casi 10 millones de euros, porque, tal y como ha recordado Alcaraz, es un dinero que solo puede destinarse a «inversiones productivas».
Alcaraz, por otro lado, ha dejado claro en la misma entrevista que el nuevo gobierno de Formentera no tiene previsto realizar recortes en la plantilla de la institución, que cuenta con unos 500 trabajadores. «No vamos a recortar en personal», ha asegurado, «pero con el mismo o menor gasto se intentará dar un servicio igual o mejor que el que se ha dado hasta ahora». El conseller también ha subrayado que aunque «las cuentas están un poco tocadas» también en la partida destinada a personal, el nuevo gobierno prefiere recortar en el gasto corriente y que esto no afecte a los trabajadores de la institución.
El Consell, además, ha activado el proceso de estabilización que viene marcado por una ley del Gobierno central y que permitirá consolidar un total de 242 plazas. En este sentido, el conseller ha señalado que, por las circunstancias de la propia isla, la plantilla de trabajadores públicos insulares se ve muy afectada por la temporalidad, que puede llegar a alcanzar al 50% del personal.