El Consell de Formentera aprobará este viernes una moción del Gobierno insular con el fin de exigir al Gobierno central que se haga cargo del coste económico y material de retirar las cada vez más numerosas pateras que llegan a la isla. En estos momentos, es la Administración insular la que está afrontando el coste económico y material de estas retiradas, a pesar de que es competencia del Estado.
«En la mayor parte de las ocasiones», ha explicado el Consell en un comunicado, «las embarcaciones que llegan a las costas de Formentera con inmigrantes irregulares son abandonadas y encalladas en las playas o quedan a la deriva en zonas de difícil acceso». «El hecho de que las administraciones responsables de la gestión de las barcas no disponga de los medios materiales y humanos necesarios para su retirada crea un grave problema medioambiental por el vertido de hidrocarburos y, además, deteriora la imagen de la isla porque permanecen abandonadas mucho tiempo», ha añadido la institución en su nota.
El Consell ha recordado que hasta ahora ha asumido esta gestión «por responsabilidad institucional». Y ha señalado que, en estos momentos, más de 30 pateras están almacenadas en el Área de Gestión de Residuos des Cap a la espera de ser tratadas «como residuos de acuerdo a la normativa vigente».
Ante esta situación, el Gobierno presidido por Lorenzo Córdoba pedirá a la Delegación del Gobierno en Baleares que «consigne las partidas presupuestarias necesarias para tener los medios materiales y personales necesarios para la retirada inmediata de las barcas en el momento de su llegada y antes de que se rompan» en el litoral formenterés. Además, el Consell reclamará también la «coordinación» entre las administraciones implicadas en este problema y la firma de «un acuerdo o convenio» con la institución insular «para que esté realmente autorizado y disponga de los medios necesarios para continuar realizando esta actividad de manera regulada y con la consiguiente prestación económica por los servicios prestados».
La institución insular, por otro lado, defenderá en la misma propuesta la necesidad de que Formentera sea declarada como «territorio de primera línea de frontera» de la UE. Una declaración que le permitiría «estar dotada de los medios técnicos y personales necesarios para evitar la consolidación de la ruta de entrada irregular de inmigrantes», además de «garantizar el funcionamiento eficaz del Sistema Integrado de Vigilancia y la correcta dotación de la Guardia Europea de Fronteras y Costas».
El Gobierno formenterés, finalmente, exigirá al Gobierno central que se completen las plantillas de los cuerpos y fuerzas de seguridad que trabajan en la isla, que cuenten con «formación específica y medios de prevención» y que reciban «complementos salariales de insularidad adecuados al coste de vida» de Formentera.