El presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, sorprendió a propios y a extraños enviando un mensaje a los medios de comunicación el pasado 27 de noviembre en el que aseguraba que «en estos momentos de incertidumbre política, me planteo seriamente dejar de apoyar incondicionalmente al Govern balear del Partido Popular». Un mensaje críptico, un órdago al Ejecutivo de Prohens en mitad del terremoto político por el cese fulminante del director del Ibetec procesado por agresión sexual y atentado contra la autoridad en el que no daba ninguna explicación más, daba pie a todo tipo de especulaciones y abría una crisis en el equipo de gobierno de Formentera. El presidente insular, que dejaba claro en su comunicado que no está afiliado a ninguna formación política, actuaba en solitario, sin que los socios de la coalición que él lideró en las pasadas elecciones, PP y Compromís, supieran de sus intenciones. «No tengo ni idea. Si es por los presupuestos, no lo entiendo porque la predisposición del Govern balear es total. La verdad es que desconozco los motivos», afirmaba el presidente del PP de Formentera y vicepresidente del Consell, José Manuel Alcaraz. En el mismo sentido se expresaba el presidente de Compromís y también vicepresidente de la institución insular, Javi Serra: «Tiene que ser Llorenç Córdoba quien explique los motivos del comunicado».
Sin explicaciones
Dos días más tarde, el 29 de noviembre, Llorenç Córdoba tensaba más la cuerda y aseguraba que no daría explicaciones ni al PP de Formentera ni a Compromís sobre su amenaza del lunes al Govern de Marga Prohens de retirarle su apoyo incondicional. «Sería irracional comunicar a los socios de los partidos que conforman la coalición de Sa Unió de Formentera cualquier decisión que implique al actual Govern de les Illes Balears», aseguró. Un comunicado que llegaba un día después de haberse reunido en Palma con Prohens, la secretaria general del PP de Balears, Sandra Fernández, y los presidentes del PP de Formentera y Compromís, José Manuel Alcaraz y Javi Serra. Un encuentro del que no trascendió su resultado y que se celebró tras la sesión ordinaria del Parlament, en la que Córdoba parecía rebajar la tensión con el Govern al asegurar que seguiría cooperando con el PP aunque «fiscalizando» la gestión del Ejecutivo balear hacia Formentera.
Córdoba atendió a los medios el jueves 30 de noviembre en Formentera, donde apuntó que «igual» no se está dando a la Isla «la importancia que nos merecemos», a la vez que seguía sin explicar los motivos reales de su enfado con el Govern, aunque apuntaba que «por supuesto, tienen que ver con Formentera». Nada más lejos de la realidad. De hecho, desviaba la atención asegurando que «se están asumiendo demasiados postulados de Vox por parte del PP» y anunciaba que en los próximos días informaría de los resultados de las reuniones celebradas con el Govern: «No puedo explicar según qué cosas que pueden afectar a esta negociación».
Sa Unió deja de apoyarle
Periódico de Ibiza y Formentera adelantó el 1 de diciembre que Córdoba se quedaba sin el apoyo de los dos partidos que forman Sa Unió. Una decisión que confirmarían ese mismo día los propios consellers del equipo de gobierno a su presidente en una reunión que se alargaría durante nueve horas y en la que Córdoba se negó a dimitir tras haber amenazado a la presidenta del Govern con retirarle su apoyo incondicional.
Foto: Vanessa Hernández.
Sin embargo, el presidente del Consell de Formentera parecía no haberse enterado muy bien y continuaba enrocado en su postura. «Yo siento que tengo el apoyo de mis consellers, en los que sigo confiando, y el de los ciudadanos, que son los que me han elegido», dijo al finalizar la reunión. Córdoba insistió en que su actuación se debía única y exclusivamente a «la defensa de los intereses de Formentera». Nada más lejos de la realidad.
De hecho, los ocho consellers de Sa Unió enviaron un comunicado el pasado sábado en el que dejaban patente su desconfianza con Córdoba, a quien reclamaron que volviera a actuar «de manera consensuada y no unilateral». Además, anunciaban que trasladarían a las ejecutivas de los dos partidos que forman la coalición Sa Unió las explicaciones dadas por Córdoba «para valorar si se deben tomar medidas al respecto».
Paralelamente, el presidente formenterés daba por zanjada la crisis que él mismo había abierto cinco días antes y reculaba en su amenaza al Govern. Córdoba señalaba que mantendría su apoyo parlamentario al Ejecutivo de Prohens y garantizaba que cumplirá su palabra plasmada en el acuerdo de investidura suscrito con el PP, «algo que en ningún momento se ha cuestionado», dijo.
Clínica en venta
El domingo 3 de diciembre, este rotativo publicaba en la sección ‘Gritos y susurros' el anuncio sobre la puesta a la venta de la clínica veterinaria propiedad de Llorenç Córdoba. Un dato muy significativo de lo que se acabarían desvelando días después.
Esa misma jornada, día de Sant Francesc, Sa Unió daba permiso a los ocho consellers para que tomaran las decisiones que consideraran oportunas para terminar con la crisis, a la vez que destacaban que las declaraciones de Córdoba «no tienen ningún sentido».
Córdoba se destapa
Este mismo martes, Periódico de Ibiza y Formentera desvelaba la intención de Sa Unió de dar a Llorenç Córdoba un ultimátum para que presentara su dimisión. Ese mismo día, el presidente insular ofrecía una entrevista a Ràdio Illa en la que insistió en su retahíla de reivindicaciones para Formentera, pero también desveló que había reclamado más dinero a Marga Prohens para sus gastos personales «porque cada vez que voy a Mallorca pierdo dinero».
Cabe recordar que Córdoba cobra 54.000 euros brutos al año como presidente del Consell de Formentera, además de entre 23.000 y 33.000 euros por ser diputado y una dieta de 210 euros por cada día que pasa en Mallorca.
Sobresueldos y expulsión
El miércoles, día de la Constitución, los consellers de Sa Unió comparecieron antes los medios de comunicación para anunciar la expulsión de Córdoba de la coalición y confirmar que el presidente había chantajeado a Prohens para lograr un sobresueldo de entre 3.000 y 4.000 euros al estar arruinado.
Los consellers volvieron a reclamar a Córdoba su dimisión y anunciaron que de no producirse antes del próximo lunes promoverían una moción de censura para echarlo de la presidencia de la institución insular.