La expulsión de Llorenç Córdoba de Sa Unió comportará para el funcionamiento del Consell de Formentera más complicaciones de las inicialmente previstas, a pesar de que la decisión de la coalición entra dentro de la legalidad. Así se ha constatado este jueves durante la celebración de la junta de portavoces en la que han participado representantes de Sa Unió, de GxF y del PSOE, además de Córdoba y del secretario de la institución, Ángel Custodio. Este último ha explicado los puntos clave del informe que le encargó Sa Unió antes de decidir la expulsión de Córdoba. Un informe que arroja luces sobre la situación pero también sombras.
Y es que aunque el presidente mantendrá sus derechos económicos, no está del todo claro cuáles serán sus atribuciones en el Pleno de la institución. Córdoba, además de presidente, es conseller insular de Litoral y de Sector Primario y a esto suma la condición de diputado autonómico, que le permite participar en los plenos de la institución formenterense con voz pero sin voto. Tras su expulsión de Sa Unió, Córdoba ha quedado como presidente y conseller no adscrito. Como presidente, entre sus funciones está la de moderar el funcionamiento del Pleno, mientras que como conseller insular tiene derecho a varias intervenciones. ¿Qué pasará ahora si, como presidente no adscrito, no está de acuerdo con una intervención de Sa Unió? ¿Tiene o no derecho a réplica? Esta es una de las dudas que han puesto sobre la mesa los representantes de GxF y del PSOE.
El socialista Rafa Ramirez ha explicado, en declaraciones a Periódico de Ibiza y Formentera, que han sido estas dudas las que han llevado al secretario a anunciar que será necesario que el Consell formenterés cuente con «nuevas normas» de funcionamiento en el Pleno de la institución. Algo que ahora Custodio deberá estudiar porque «no existe nada legislado al respecto», ha recordado el portavoz del PSOE formenterés. Estas nuevas normas, además, una vez redactadas deberán ser «aprobadas por unanimidad por el Pleno del Consell». «No hay nada regulado», ha lamentado Ramírez, «y, al quedar como no adscrito, no se sabe si tiene derecho o no a intervenir». A esto se añaden otras posibilidades que la oposición considera que no deberían producirse. Y es que la expulsión de Córdoba de Sa Unió podría dar pie a que, incluso, cambiara la ubicación de los consellers dentro del salón de plenos. Algo que Ramírez ha admitido que no tiene relevancia para los ciudadanos pero que, según como se utilice, puede ser muy negativo para la institución si, por ejemplo, se intenta ofrecer una «imagen de soledad» del presidente, al que ahora mismo no apoya ninguno de los ocho consellers del equipo de Gobierno.
El socialista ha señalado, además, que en esta situación, con el mismo número de consellers en el Gobierno que en la oposición y con Córdoba como no adscrito, «puede que el Consell no sea operativo». Y es que el presidente tiene ahora más poder que el que tenía hasta su salida de Sa Unió pues será su voto el que permita o no a la coalición sacar adelante su programa electoral. Algo que puede afectar a proyectos tan importantes como los relacionados con la aplicación del decreto de emergencia habitacional del Govern, la regulación del tráfico marítimo entre la isla e Ibiza o la ubicación del nuevo centro sanitario de La Mola. «Hay muchos temas importantes», ha concluido el portavoz del PSOE, «y todo va a depender de la voluntad política que tengan ellos».
La portavoz de GxF, Alejandra Ferrer, ha indicado, por su parte, que «la situación es muy triste» porque se está «`poniendo en ridículo a la institución y a la ciudadanía, además de perder el prestigio que había conseguido la institución». Ferrer ha subrayado que la crisis abierta por Córdoba sigue «sin solución» y ha criticado que se están «invirtiendo tiempo y esfuerzos políticos y técnicos en que se pueda trabajar de una manera que está muy lejos de la normalidad y, sobre todo, de la confianza que es necesaria para llevar adelante el trabajo de la institución».
Ningún representante de Sa Unió ha querido hacer declaraciones tras la junta de portavoces y los consultados por Periódico de Ibiza y Formentera se han remitido al comunicado emitido por la coalición cuando anunció la expulsión de Córdoba. No obstante, todos han dejado claro que el funcionamiento del Consell no se verá afectado por la crisis dado que «tanto Córdoba como Sa Unió tienen el mismo programa electoral» por lo que consideran que no deben producirse dificultades en este sentido.