El vicepresidente del Govern balear, Antoni Costa, dejó claro en el Parlament que el Ejecutivo presidido por la popular Marga Prohens «ni ha pagado ni pagará» un sobresueldo al diputado expulsado de Sa Unió y presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba. Una afirmación con la que Costa defendió al Ejecutivo balear ante la insinuación del PSIB de que este habría accedido a abonar a Córdoba un sobresueldo mensual a cambio de su apoyo en la Cámara autonómica.
Costa respondió así a una pregunta de la diputada del PSIB Pilar Costa, quien acusó al Govern de permitir que Córdoba no haya entregado a Sa Unió, coalición de la que ha sido expulsado, el dinero que percibe mensualmente en calidad de subvención para el grupo parlamentario de esta formación. «¿Es un sobresueldo?», preguntó la socialista tras afirmar que Llorenç Córdoba es el «apoderado económico» de la cuenta en la que el Parlament ingresa cada mes este dinero. Un dinero que desde agosto de 2023 le exige Sa Unió en virtud del acuerdo alcanzado con Córdoba antes de que este accediera al Parlament como diputado por Formentera.
Esgrimiendo la noticia publicada este martes por Periódico de Ibiza y Formentera sobre estos fondos, Pilar Costa cuestionó también que el PP haya aceptado que el diputado formenterés pueda sentarse de nuevo en un escaño cercano a la bancada de los populares cuando semanas atrás él mismo solicitó ubicarse en otro lugar en la Cámara dado que el PP de Formentera, integrante de Sa Unió, le estaba pidiendo que dimitiera de todos sus cargos.
La respuesta
La respuesta de Antoni Costa a estas acusaciones fue la de reafirmar el compromiso del Govern con Formentera para, acto seguido, exigir a Pilar Costa que investigue otras cuestiones como los vínculos del anterior Ejecutivo autonómico, presidido por la socialista Francina Armengol, con la trama del caso Koldo. El vicepresidente, como ya hizo la semana pasada, reclamó a Pilar Costa que diga «con quién contactó la trama» para colocar al Govern de Armengol 1,5 millones de mascarillas fake por 3,7 millones de euros. Y dejó entrever que habría sido la propia Pilar Costa la persona con la que se habrían puesto en contacto los integrantes de este grupo que está siendo investigado judicialmente.
Costa también exigió a la diputada del PSIB, que fue consellera de Presidencia y portavoz del grupo socialista en el Parlament en la pasada legislatura, que explique por qué el Govern de Armengol «tardó tres años en reclamar el dinero a la trama». «¿Sabe por qué no pueden dar explicaciones convincentes?», prosiguió Toni Costa, «porque había connivencia con la trama. Es la única explicación posible. Ya darán las explicaciones en la comisión de investigación del Parlament».
Nombre en la cuenta
Fuentes del Parlament, por otro lado, no pudieron ayer aclarar a nombre de quién está la cuenta corriente en la que la Cámara ingresa cada mes las subvenciones correspondientes al grupo de Sa Unió. Subvenciones que suman en total 2.734,85 euros mensuales. Este dinero debía ser entregado por Córdoba a Sa Unió que, a su vez, se lo repartiría entre los dos partidos que integran la coalición, PP (60%) y Compromís (40%). Sin embargo, Córdoba no ha cumplido el acuerdo y, desde que comenzó la legislatura, se ha negado a entregar a Sa Unió estos fondos que, según ha señalado en alguna ocasión, se mantienen en la cuenta bancaria.
«La única información que tenemos», explicaron a Periódico de Ibiza y Formentera las mismas fuentes, «es que aparece como beneficiario Grupo Parlamentario Mixto Sa Unió. Nosotros no podemos saber a nombre de quién está la cuenta o si Córdoba aparece como apoderado económico». También precisaron que, tal y como reclama Sa Unió, el grupo parlamentario «sí puede entregar al partido el dinero que recibe como grupo». «Él no puede utilizar este dinero para gastos de tipo personal», afirmaron, «pero sí está contemplado que ese dinero pueda ser entregado a los partidos». Además, Córdoba tendrá que presentar el próximo 1 de agosto una relación de los gastos que ha realizado con ese dinero público. No se trata, según expresaron las fuentes de la Cámara consultadas por este periódico, de «una fiscalización en sí del dinero sino de una cuestión de transparencia».