El Consell de Formentera ha vivido este jueves una sesión plenaria extraordinaria cargada de gravísimas acusaciones contra el presidente, Llorenç Córdoba, y en la que, si algo ha quedado claro, es que la institución se está viendo gravemente afectada por su pretensión de gobernar en solitario. La negativa de Córdoba a llevar a la Junta de Gobierno la propuesta de la mesa de contratación insular de adjudicación de siete quioscos de playa ha sido la gota que ha colmado el vaso. Si desde finales de noviembre eran los ocho consellers de Sa Unió, sus excompañeros de gobierno y coalición, los que le exigían la dimisión, ahora es todo el Pleno, salvo él, el que le reclama que abandone sus cargos. A pesar de ello, Córdoba se mantiene en sus trece y ha insistido en que no está entre sus planes el de sacar adelante la propuesta de adjudicación de una mesa de contratación hacia la que también ha dirigido sus dardos.
Córdoba se escuda en dos informes para justificar su pretensión de declarar desierto el concurso, prorrogar las autorizaciones a los anteriores adjudicatarios y convocar una nueva licitación que, según él, será más transparente y permitirá la participación de todo aquel que esté interesado. Uno de los informes lleva la rúbrica del prestigioso catedrático de Derecho Administrativo Felio Bauzà, mientras que el segundo ha sido redactado por la letrada del departamento insular de Recursos Humanos. El primero apuesta por declarar desierto el concurso pero advierte de que será necesario un informe jurídico del propio Consell para que la Junta de Gobierno pueda desmarcarse de la propuesta de la mesa de contratación. Por eso Córdoba pidió a la letrada de Recursos Humanos ese segundo informe que cuenta con una jurisprudencia que, sorprendentemente y tal y como ha demostrado Sa Unió en el Pleno, va en contra de lo que Córdoba pretende.
El portavoz de la coalición, José Alcaraz, conseller electo pero sin cargos tras ser cesado por Córdoba, ha sido conciso y contundente en sus intervenciones. Alcaraz ha acusado al presidente de estar «encerrado en el búnker con su personal de confianza» y de «hacer el trabajo sucio a algunos licitadores». El portavoz de Sa Unió ha defendido el pliego de condiciones redactado por el anterior Gobierno insular y ha denunciado que, con su actitud, Córdoba está poniendo en riesgo la seguridad jurídica y económica de la institución.
Alcaraz ha afirmado que el informe de la letrada de Recursos Humanos es «un copia y pega» de otro presentado por uno de los licitadores. Y ha afirmado que el concurso de adjudicación de una escuela de vela que ahora esgrime Córdoba como argumento para cuestionar el trabajo de la mesa de contratación fue «una adjudicación directa» firmada por el propio presidente. El portavoz de Sa Unió ha exigido a Córdoba que dé a conocer el acta de la reunión de la Junta de Gobierno celebrada el pasado 25 de marzo, en la que «empezó a dar golpes a la mesa contra el secretario». Una junta en la que, además, Córdoba habría admitido que el cálculo de los trabajadores que han de contratar los quioscos por temporada lo había hecho él mismo.
«Esto no es una dictadura, un régimen autocrático o una teocracia», ha advertido José Alcaraz al presidente, «usted está más solo que nunca. No puede gobernar de manera unipersonal. Tiene a todo el plenario en su contra, todos le pedimos la dimisión. ¿Cómo tiene los santos bemoles de continuar pensando que puede gobernar solo?».
Graves han sido también las palabras pronunciadas por el portavoz del PSOE, Rafa Ramírez, quien ha asegurado que Córdoba está «tomando el pelo» al Consell. «Claro que vamos a pedir su dimisión», ha subrayado el socialista, «no es una amenaza. Está poniendo en riesgo a la institución. ¿Cree que es digno de presidir el Consell? Debería escucharse. ¿Es digno que usted siga presidiendo esta institución?». Ramírez ha defendido el trabajo llevado a cabo en la pasada legislatura por su gobierno en lo que a la adjudicación de los quioscos se refiere. En este sentido, ha recordado que no fue hasta días antes de las elecciones que la Demarcación de Costas cedió al Consell la gestión del espacio público en el que se ubican los quioscos y ha explicado que fue el secretario de la institución el que indicó que la adjudicación debería llevarla a cabo el nuevo gobierno. De ahí que el PSOE considere que es necesario que la Junta de Gobierno apruebe ahora la propuesta de la mesa de contratación porque, ha dicho, si algún adjudicatario o licitador considera perjudicados sus intereses «tiene la vía judicial». «Usted está acabando con la dignidad de la institución», ha añadido Ramírez, «¡ya vale!».
Más calmada pero igual de exigente se ha mostrado la portavoz de GxF, Alejandra Ferrer, quien también ha exigido a Córdoba que dimita porque «esta guerra ya es solo suya». Ferrer ha señalado que Sa Unió y Córdoba ganaron las elecciones de mayo de 2023 «mintiendo sobre los quioscos». «Ahora estas mentiras están cayendo una detrás de otra», ha añadido. Y es que realmente la adjudicación no podía llevarse a cabo sin una propuesta de la mesa de contratación y esta no se ha formulado abril de este año. Un retraso del que Ferrer ha culpado directamente a Córdoba. La portavoz de GxF ha recordado que los trabajadores del área de Litoral, conselleria que gestiona el presidente, «quieren irse» y ha recriminado a Córdoba sus críticas hacia la mesa de contratación.