Cuando a finales de noviembre de 2023 el presidente del Consell de Formentera y diputado autonómico, Llorenç Córdoba, envió a los medios un críptico mensaje amenazando con retirar su apoyo «incondicional» al Govern de Marga Prohens es muy probable que ni siquiera él imaginara la cascada de acontecimientos que generaría aquel gesto. Córdoba pasó días sin dar explicaciones sobre su amenaza a la presidenta autonómica y, cuando lo hizo, sus palabras solo provocaron aún más incertidumbre. Aquel mensaje se ha convertido hoy en una posible moción de censura en su contra, en una grave crisis para PP formenterés y, sobre todo, en la paralización política del Consell como institución.
En estos siete meses, el disparate en el que vive inmerso el Consell no parece tener límites. Ahora mismo, el Gobierno insular lo integran el propio Córdoba y el conseller de Turismo, Artal Mayans, que no termina de tomar una decisión sobre su permanencia o no. Enfrente, los antiguos miembros de su equipo, los siete consellers de Sa Unió, y los ocho que suman GxF y el PSOE. Todos ellos exigen su dimisión desde hace meses. La situación es, a todas luces, insostenible. A pesar de ello, Córdoba puso sobre la mesa este viernes su particular propuesta para salvar los muebles: una Junta de Gobierno en la que estén representados todos los partidos, con sus correspondientes dedicaciones exclusivas y sueldos. Evitaría así la que sería la salida legal lógica, que pasa por modificar el Reglamento Orgánico y dictar una regla provisional que permita al Consell funcionar sin esta junta, como si fuera un ayuntamiento o una diputación.
Atado realmente de pies y manos, Córdoba no puede nombrar consellers no electos, como sí pueden hacerlo los consells del resto de las islas. Y tampoco puede gobernar con un gabinete de cargos de confianza. Salvo las de turismo, el presidente tiene en sus manos a día de hoy todas las competencias que gestiona el Consell. Y eso, obviamente, es materialmente imposible de sostener durante los tres años que quedan de legislatura.
La crisis abierta por Córdoba tenía en sus inicios un trasfondo que pasaba por su ansia de cobrar más dinero del que ya recibía como presidente insular, diputado autonómico y vocal en el consejo de administración de la APB. A los casi 100.000 euros anuales brutos y públicos que percibe por todos estos cargos, pretendía añadir 4.000 euros mensuales de sobresueldo y para ello intentaba amedrentar al Govern y al PP balear mientras en Formentera aparentaba que la relación con los populares de la isla, integrados en Sa Unió, funcionaba como tocaba. Muchos se preguntan hoy en la isla si el interés de Córdoba era meramente económico o si, lo que es aún menos comprensible, todo pasa por la mala relación personal que arrastraba con el número 1 del PP en Formentera, José Alcaraz, vicepresidente de la institución insular y responsable de las áreas de Promoción Económica y Administración Insular hasta que lo cesó a finales de enero.
En este escenario, la oposición no ha interpretado su mejor papel. Han observado desde la barrera la crisis y solo se han sumado a las peticiones de dimisión contra Córdoba a raíz del escándalo de la adjudicación de los quioscos de playa. Ahora, GxF ha puesto sobre la mesa una posible moción de censura a tres bandas contra el presidente, en la que participaría el PSOE y para la que es necesaria el apoyo de los consellers de Compromís. Llama la atención la insistencia del partido liderado por Alejandra Ferrer de recordar justo en este momento los antecedentes de Compromís como herederos del GUIF y el carácter insularista del partido socio del PP en Sa Unió. Nada se sabe ahora mismo sobre lo que harán los de Javier Serra.
El PP, por su parte, se ha quedado sin presidente ni secretaria general. José Alcaraz y Ana Negre han dejado estos cargos. Y, sorprendentemente, el movimiento no ha generado ni la más mínima reacción en el PP balear, que se ha limitado a pedir que se ponga fin a la crisis. Y es que el voto de Córdoba en el Parlament es clave para el Govern de Prohens, que solo tiene garantizados los apoyos de tres diputados de Vox y de Xisco Cardona, hoy en el Grupo Mixto.
Mientras tanto, el Consell formenterés está bloqueado y sin dirección política, por mucho que el presidente intente demostrar lo contrario. Sa Unió, GxF y PSOE exigen la dimisión de Córdoba y este hace oídos y mantiene el Consell en una situación inédita y, sobre todo, muy perjudicial para la institución y para los ciudadanos. Los próximos días serán, desde luego, movidos en la menor de las Pitiusas.