Gent per Formentera (GxF) emitió ayer un comunicado en el que califica de «muy graves y antidemocráticas» las consecuencias del informe emitido por la Secretaría del Consell Insular de Formentera que permite al presidente Llorenç Córdoba, «gobernar solo una institución con un presupuesto de cerca de 43,5 millones de euros».
GxF explica que esta solución jurídica ya fue llevada al pleno extraordinario del 11 de julio y no contó con el voto favorable de ninguno de los partidos políticos que conforman el pleno del Consell Insular de Formentera, obteniendo 16 votos en contra de 17.
Los insularistas señalan que dicho informe, firmado cinco días después del pleno, no está publicado en la página de transparencia del Consell de Formentera ni se dio cuenta de él en el pleno ordinario del 24 de julio. Además, aseguran que modifica el funcionamiento de la administración insular «por la puerta de atrás sin ningún acuerdo político ni transparencia, traicionando la voluntad expresada, por amplísima mayoría, en el plenario del Consell Insular de Formentera».
GxF recuerda que en la sesión plenaria extraordinaria del 11 de julio también se comunicó que se remitiría «la falta de gobernabilidad de la administración insular al Consell Consultiu de les Illes Balears, para encontrar el mejor encaje jurídico para la situación insólita y de caos más absoluto en la que, un presidente expulsado y una coalición de Sa Unió irresponsable y dimitida, han sumido al Consell de Formentera».
En el pleno ordinario de julio, Gent per Formentera preguntó directamente al secretario sobre esta cuestión, si ya se había enviado la consulta y cuál era el contenido de esta, y la respuesta fue que esta aún se estaba elaborando.
«Ahora mismo tenemos a un presidente, sin apoyo, ungido de poder absoluto para decidir sobre la totalidad de los recursos del Consell de Formentera escapando del control y la fiscalización del Plenario», señalaron ayer los insularistas en su comunicado.
En este sentido, Gent per Formentera «no puede avalar esta forma de gobernar ni la normalización de los graves actos políticos vividos en la institución».