El pleno del Consell de Formentera ha dado este viernes luz verde a dos adjudicaciones de contratos que debían haber sido aprobadas por la ahora inexistente Junta de Gobierno. El presidente Llorenç Córdoba ha logrado sortear así, con los informes favorables de los servicios jurídicos de la institución, la anómala situación que atraviesa del Consell desde que seis de los ocho consellers de Sa Unió presentaran su dimisión como equipo de gobierno.
La desaparición de la Junta de Gobierno ha provocado que las competencias autonómicas del Consell estén en el aire. La solución provisional ideada por el secretario de la institución, Ángel Navarro, ha sido retornar algunas de ellas al pleno. Navarro, no obstante, ha dejado plasmadas sus dudas en un informe remitido al Consell Consultiu, que aún no se ha pronunciado sobre si emitirá o no dictamen al respecto. De momento, el pleno ha de sustituir a la Junta de Gobierno en este tipo de adjudicaciones, aunque las dudas sobre la legalidad de este hecho están sobre la mesa.
A pesar de todo, Córdoba ha podido sacar adelante estos contratos en una sesión plenaria que no ha estado exenta de reproches. La ex vicepresidenta, Verónica Castelló, la he exigido de nuevo que deje el cargo para facilitar la vuelta a la normalidad institucional: «Si dimite, todo se arregla. Una vez que el presidente no siga, todo puede volver a la normalidad».
Castelló, además, ha recordado que el área de Contratación dependía del hoy portavoz de Sa Unió, José Alcaraz, quien no ha podido asistir al pleno por enfermedad. Córdoba cesó a Alcaraz a finales de enero y, desde entonces, asumió este departamento. Un hecho que ha llevado a Castelló a exigirle explicaciones sobre el retraso sufrido en la adjudicación del contrato de suministro de equipos y mantenimiento para la estación de la ITV. Esta adjudicación fue propuesta por la Mesa de Contratación a finales de febrero, según ha recordado la consellera de Sa Unió. Sin embargo, Córdoba no la ha llevado a pleno hasta septiembre. «¿Cuál es la verdad del retraso de la adjudicación de contrato?», ha preguntado Castelló al presidente. Como ya hiciera en el pleno anterior, este ha respondido que Contratación está dando prioridad a la tramitación de los proyectos financiados con los fondos europeos Next Generation debido a que estos han de estar ejecutados antes del próximo 31 de diciembre.
La portavoz de GxF, Alejandra Ferrer, ha insistido en la situación de inseguridad jurídica que atraviesa el Consell. Ferrer se ha remitido al informe del secretario para denunciar que estas adjudicaciones pueden ser impugnadas por otras empresas «con razón y con dónde cogerse por la aprobación». Además, ha insistido en que el secretario insiste en el mismo documento en que esta situación solo puede durar tres o cuatro meses, por lo que ha exigido a Córdoba busque soluciones: «Es el momento de tomar soluciones. Estos contratos son importantes pero la forma de aprobarlos pone en peligro el propio contrato y a quienes se presentan».
Alejandra Ferrer no ha dudado en responsabilizar a Córdoba de esta situación y ha recordado que ningún conseller de la Corporación insular, salvo Artal Mayans, quiere trabajar con él. Ferrer ha señalado también a Sa Unió, a la que ha acusado de «dejar sola a Formentera con una persona en la que dice que no puede confiar». Y ha lamentado que, aunque los servicios jurídicos insulares avalen contrato por contrato la aprobación por parte del pleno, esto «no significa que esté bien».
La consellera del PSOE, Ana Juan, ha criticado también duramente a Llorenç Córdoba. «Dice que estamos aquí porque hay que aprobar estos contratos», le ha aclarado, «pero el motivo es porque usted no tiene Junta de Gobierno». Juan ha denunciado la paralización del Consell y «la falta de seguridad jurídica» y ha lamentado que los funcionarios y los técnicos tengan que «estar buscando soluciones» para salvar la situación.
Todos los grupos, además, han denunciado cómo Córdoba incumple habitualmente los acuerdos de pleno. Así, se han puesto sobre la mesa hechos como que el presidente aún no se haya sometido a la cuestión de confianza o no haya solicitado al Govern el informe relativo a la ordenación de s’Estany des Peix.
Córdoba, por su parte, se ha defendido de las críticas explicando que el Gobierno insular son solo dos consellers que han de sacar el trabajo adelante. El presidente ha insistido en exigir a los consellers de Sa Unió que retornen al equipo para poder conformar la Junta de Gobierno y, en caso de que no lo hagan, les ha reclamado que dejen sus actas y permitan que sean otros integrantes de la lista de la coalición las que asuman esa responsabilidad.
Los dos contratos, finalmente, han podido ser adjudicados con el voto a favor únicamente de Córdoba. Artal Mayans no ha asistido a la sesión, como tampoco lo han hecho los portavoces de Sa Unió y el PSOE, José Alcaraz y Rafa Ramírez.