Cuesta creer que la manifestación convocada para este jueves en Formentera contra la crisis institucional que afecta al Consell desde noviembre de 2023 no tenga participación política. La motivación está clara: evidenciar la ingobernabilidad de la institución para forzar o bien la dimisión de Llorenç Córdoba o bien la ruptura de Sa Unió y que Compromís pacte con GxF un nuevo gobierno insular. El resto, discurso vacuo y habitual en este tipo de movilizaciones que aparentan partir de la sociedad civil.
La situación en la isla es tan esperpéntica que este miércoles el PSOE ha anunciado que participará en la protesta aunque esta, en teoría, está convocada contra todos los grupos políticos de la Corporación insular. Lo ha hecho a través de un artículo firmado por su secretario general, Rafa Ramírez, en el que da la razón a la «ciudadanía» en su «basta» a la situación. La manifestación, ha asegurado Ramírez, «solicita a los grupos políticos entendimiento y acciones». Y ha añadido que la clave será el informe emitido por la Comisión de Seguimiento del Código Ético, a dos de cuyos miembros ha recusado Llorenç Córdoba por su clara animadversión contra él. Pero este informe significará, según Ramírez, «un cambio de rumbo».
«Los socialistas estamos comprometidos en ser parte de la solución a esta crisis», ha afirmado en su escrito, «hemos dialogado, realizado propuestas, ejercido el control de la acción de gobierno y no cejaremos en el empeño hasta resolverla». Sin embargo, no ha explicado por qué hasta ahora el PSOE ha rechazado la posibilidad de acordar con Sa Unió una moción de censura contra Córdoba, a pesar de que la coalición así se lo ha pedido en numerosas ocasiones a lo largo de este año. Se han sentado a negociar, eso sí, pero no ha sido posible alcanzar un acuerdo porque los socialistas siempre han terminado por poner sobre la mesa alternativas como la petición del informe sobre la ética del comportamiento de Córdoba y Sa Unió o la modificación de la Ley de Consell para obligar a que el presidente se someta a una cuestión de confianza. Lo primero no tiene mucho recorrido dado que la Comisión de Seguimiento del Código Ético no deja de ser un órgano consultivo cuyos informes no son vinculantes. Y lo segundo tiene una tramitación larga en la que es necesario que se pongan de acuerdo el PP balear y el PSIB, cosa que es difícil que suceda considerando el apoyo que el Govern de Marga Prohens mantiene hacia Llorenç Córdoba.
Así las cosas, los socialistas se suman a la protesta aunque puntualizando que lo harán en calidad de «ciudadanos» y subrayando que su compromiso es «hacer todo lo que esté en nuestra mano para devolver a nuestros vecinos la esperanza como elemento vertebrado de la política de nuestra sociedad».