¿Tienen realmente en el Consell de Formentera la intención de arreglar la grave crisis que atraviesa la institución desde finales de noviembre de 2023? Visto lo visto este jueves, la sensación es que no. Unos y otros ponen fórmulas sobre la mesa pero todas ellas condicionadas a acciones que el contrario no está dispuesto a aceptar. Por la mañana, fueron GxF y el PSOE quienes anunciaon su disposición «por generosidad» a apoyar un gobierno en minoría de Sa Unió siempre y cuando dimita José Alcaraz. Por la tarde, fue Sa Unió la quien rechazó volver a la Junta de Gobierno y a las vicepresidencias insulares si Córdoba no se somete a una cuestión de confianza que debería celebrarse antes del próximo 31 de diciembre. El presidente, por su parte, quiere formar gobierno pero rechaza frontalmente que Alcaraz esté en el mismo. Y, sobre la cuestión de confianza, tiene claro que se trata de «una moción de censura encubierta», por lo que no parece que tenga la intención de convocar el pleno para celebrarla.
Los formenterenses se manifestaron el pasado jueves a las puertas del Consell para exigir a todos los grupos políticos y al presidente acabar con esta enrevesada situación que, lejos de aclararse, se agrava aún más. Y, entre medias, no se puede obviar la investigación que están llevando a cabo la Fiscalía Anticorrupción y la UCO sobre presuntos casos de corrupción en el Consell. Una investigación que, para más inri, no se sabe si obedece a la denuncia interpuesta por Sa Unió contra Llorenç Córdoba o a la que este ha presentado contra la coalición y la oposición ante la misma instancia.
Así las cosas, Córdoba no pudo sacar adelante este jueves su oferta a Sa Unió para formar gobierno de nuevo. Por si esto no fuera suficiente, la coalición contó con el capote del secretario de la institución, Ángel Custodio Navarro, quien permitió que se votaran la propuesta de Córdoba y la que le presentó Sa Unió a cambio, a pesar de que el presidente la había rechazado previamente. Esto facilitó que saliera adelante el forzar a Córdoba a convocar un pleno antes de que acabe el año para someterse a una cuestión de confianza.
Por otro lado, los tres grupos de la oposición dieron luz verde a la contratación de un letrado que emprenda acciones judiciales, «incluso penales», contra el presidente en nombre de la comisión de seguimiento del Código Ético. Córdoba se defendió recordando que ha recusado a tres de los cinco integrantes de este ente por haber mostrado abiertamente su animadversión contra él. Además, precisó que presentó alegaciones al informe. Entre ellas, la de no haber sido escuchado por los miembros de la comisión para poder explicar su versión de lo sucedido. Y es que la comision ha basado su dictamen en el análisis de los plenos celebrados este año, en las actas de las juntas de gobierno y en lo recogido por los medios de comunicación. Curiosamente, apenas contó con lo publicado por Periódico de Ibiza y Formentera, a pesar de que ha sido este medio el que ha liderado la cobertura de la crisis desde sus inicios.
El presidente mostró su sorpresa ante cómo la comisión ha obviado en su informe la situación de incompatibilidad en la que, al parecer, sigue encontrándose el líder de Compromís y conseller de Sa Unió, Javier Serra. Córdoba señaló que lo normal hubiera sido que la comisión incluyera este hecho en su análisis. Sin embargo, el informe no menciona nada al respecto: «El que está muy contento es el señor Javier Serra. De su incompatibilidad manifiesta y confesada por él mismo en un medio de comunicación no dice nada el informe. Podría ser que todo lo firmado por él no sea válido. Tenía un mes para resolver la compatibilidad o se le retiraba el acta (de conseller). Pero lleva un año y pico. Y de esto la comisión de seguimiento del Código Ético no dice nada». Tampoco lo dijo el propio Serra que en su siguiente intervención, se limitó a indicar que la «táctica» de Llorenç Córdoba es «derribar» a todo el que no esté de su parte.
Desde la oposición se destacó sobre todo el papel de los miembros de la comisión por trabajar gratuitamente en este ente. Y se defendió la necesidad de que el pleno les dé amparo para actuar judicialmente contra Córdoba por haberles criticado y haber dicho que parecían «un pelotón de fusilamiento».