A finales de noviembre de 2023, el presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, enviaba a los medios de comunicación un críptico mensaje en el que daba a conocer que estaba barajando la posibilidad de dejar de apoyar «incondicionalmente» al Govern de Marga Prohens. Aquel incomprensible y escueto comunicado abrió una caja de los truenos que, a lo largo de 2024, ha tensado hasta el extremo la situación en el Consell de Formentera. El último capítulo de esta crisis se vivirá el 27 de diciembre, con la presentación de una moción de censura que, si todo va según lo previsto, desalojará a Córdoba de la presidencia insular pero dejará el gobierno formenterés de Sa Unió en manos de la oposición de GxF y el PSOE.
Ceses, expulsiones y dimisiones
Al comunicado de Córdoba de finales de 2023 le siguieron los enfrentamientos con los integrantes de su propio equipo de Gobierno, de Sa Unió, que desde el principio mostraron su desacuerdo con la postura del presidente. Este culpó de la tensión inicial a los vicepresidentes José Alcaraz y Verónica Castelló. Posteriormente, Sa Unió pidió su dimisión y, ante la imposibilidad de conseguir que diera el paso, decidió expulsarlo de la coalición, convirtiendo a Córdoba en un presidente sin adscripción a ningún partido político. Se iniciaba así en la institución un periodo de situaciones inéditas e, incluso, no reguladas en ninguna norma, que han traído de cabeza, sobre todo, al secretario insular, Ángel Custodio Navarro.
Tras la expulsión, Llorenç Córdoba, que había exigido la dimisión de Alcaraz y Castelló por considerar que eran culpables de la tensión, decidió cesar al primero de sus cargos de vicepresidente del Consell y responsable de las áreas de Promoción Económica y Recursos Humanos. Áreas que pasó a sumar a las que ya él mismo gestionaba desde Presidencia, Litoral y Sector Primario. La decisión provocó que el enfrentamiento entre unos y otros se enconara aún más. Y todo ante la pasiva mirada de los partidos de la oposición, que rechazaron en repetidas ocasiones la petición de apoyo por parte de Sa Unió porque, decían, aquella no era su función.
La adjudicación de los quioscos de playa fue un punto de inflexión en la crisis, que provocó que esta se agudizara aún más. El presidente quería declarar desierto el concurso, convocado en la anterior legislatura y con un pliego de condiciones elaborado por GxF y el PSOE, argumentado a que, entre otras cuestiones, las ofertas elegidas no garantizaban algunos derechos de los trabajadores. Córdoba apuntaló su postura en dos informes jurídicos, uno de una letrada del Consell y otro del experto Felio Bauzà. Sin embargo, nada convenció al resto de consellers de Sa Unió que forzaron la adjudicación, con el respaldo de la oposición. Córdoba tuvo que dejar en este momento la Junta de Gobierno tras ser recusado por algunos de los adjudicatarios.
Este episodio se saldó con la presentación por parte de Sa Unió de una denuncia contra Córdoba ante la Fiscalía Anticorrupción de Palma. La coalición acusaba al presidente de los habituales delitos de corrupción. Lo que nadie sabía, y Córdoba no desveló hasta casi final de año, es que el presidente escogió el mismo momento para presentar ante Anticorrupción en Madrid las supuestas pruebas de presuntas irregularidades cometidas tanto por Sa Unió como por GxF y el PSOE. El cruce de denuncias se saldó con la visita de la UCO al Consell el pasado mes de octubre sin que, hasta el momento, se sepa a qué denuncia obedecía la investigación ni el resultado de la misma.
Los quioscos
Poco después de la adjudicación de los quioscos, los consellers de Sa Unió dieron un golpe sobre la mesa y abandonaron en bloque el Gobierno insular. Solo Artal Mayans decidió permanecer junto a Córdoba. Más tarde, cuando ofreció explicaciones, dijo que lo había hecho por responsabilidad y, desde entonces, no ha dudado en exigir al presidente su dimisión, al igual que lo han hecho los integrantes de Sa Unió.
Ni siquiera el Consell Consultiu pudo poner orden en el Consell formenterés. El secretario remitió un informe demoledor en el que denunciaba que la dimisión de los consellers de Sa Unió había provocado la desaparición de las vicepresidencias y de la Junta de Gobierno. Esto, a su vez, tenía como consecuencia la práctica suspensión de la vertiente autonómica de la institución insular. Los sabios del Consell Consultiu miraron hacia otro lado porque la crisis tenía una solución política, no jurídica.
A propuesta del PSOE, Córdoba y Sa Unió aceptaron someterse al dictamen de la comisión de seguimiento del Código Ético. Un hecho que también se convirtió en controversia. Córdoba denunció que los integrantes de este órgano consultivo habían rechazado recibirle en audiencia. Además, cuestionó su trabajo pues algunos de sus miembros habían exigido en público su dimisión. Nada paró a la comisión que emitió un informe en el que responsabilizaba de la situación tanto al propio Córdoba como a José Alcaraz.
El informe, tal y como temía el presidente, se convirtió en el argumento perfecto para que unos y otros justificaran la presentación de una moción de censura. Eso sí, condicionada a que Alcaraz abandonara su acta de conseller, como así ha hecho.
Al cierre de la edición de este especial, todo está pendiente de la celebración del Pleno en el que esta moción de censura pondrá punto y final a la presidencia de Llorenç Córdoba, que todo indica que se mantendrá como conseller no adscrito en la oposición.
Córdoba, además, es diputado autonómico en el Parlamento. Su expulsión de Sa Unió provocó que también figure en la Cámara balear como diputado no adscrito. Sin embargo, sigue beneficiándose de las prebendas que la coalición entiende que le corresponden. Un frente que a día de hoy no se ha solucionado.
Con su salida del Gobierno insular, muchos esperan que Llorenç Córdoba, además, deje de apoyar, esta vez de verdad, al Govern de Marga Prohens, muy debilitado por la falta de respaldo de los diputados de VOX. Pero esta es otra historia que desde Formentera observarán, al menos en los primeros meses de 2025, con cierta calma.