El conseller del Ciclo del Agua y del Mar, Juan Manuel Lafuente, ha explicado este martes en el Parlamento que su departamento está tramitando las denuncias recibidas contra algunos quioscos de Formentera por presuntos incumplimientos de las condiciones bajo las que lograron la controvertida adjudicación de estas concesiones. Lafuente ha respondido así a una pregunta del diputado por Formentera y expresidente del Consell, Llorenç Córdoba.
Córdoba ha explicado en su intervención ante la Cámara autonómica que estas adjudicaciones fueron realizadas por Sa Unió en 2024, cuando él era aún presidente insular y a pesar de que aportó dos informes contrarios a las mismas. El diputado formenterés ha señalado que algunos de estos adjudicatarios han incumplido lo estipulado en cuestiones como «falta de socorristas» y de personal, carencias en material de uso médico o la instalación de espacios no desmontables a pesar de que es obligatorio que estos chiringuitos sean retirados de la costa entre el 15 de enero y el 15 de febrero.
En opinión de Córdoba, estos «incumplimientos» deberían comportar «la caducidad inmediata de los títulos habitantes» dado que son cuestiones que estaban contempladas como obligatorias en el pliego de condiciones. Córdoba ha ido más allá al afirmar que se han comprobado supuestas irregularidades como la ocupación del dominio público marítimo-terrestre con diversas instalaciones.
«El Govern tiene que actuar», ha exigido el diputado formenterés, «hay que cumplir la ley para frenar la posibilidad de que los incumplimientos se extiendan a otras islas y por responsabilidad».
El conseller Lafuente, por su parte, ha recordado que estas concesiones son una competencia del Estado que se transfirió a los consells pero que es la Administración central la que se beneficia de las mismas al ser la que recauda los cánones que abonan los adjudicatarios. Lafuente ha señalado que la conselleria ha recibido varios escritos de denuncia «sobre posibles infracciones de normativa». Por ello, ha añadido, se han abierto los expedientes correspondientes para «actuar conforme a la ley y el reglamento».
El conseller ha recordado que el Govern «no da instrucciones« sobre el cumplimiento de las leyes porque «hay que cumplirlas» en cualquier circunstancia. «No es una cuestión de voluntad», ha advertido. Juan Manuel Lafuente, finalmente, ha insistido en que se han abierto varios expedientes sobre estas denuncias y ha señalado que se inspeccionarán nuevamente los quioscos para comprobar si han sido o no desinstalados antes del 15 de febrero. «Se actuará conforme a los informes de los funcionarios y de los servicios jurídicos», ha concluido el conseller.