El Consell Insular de Formentera ha iniciado un expediente sancionador y ha ordenado el cierre cautelar de un taller náutico, ubicado en el varadero de la Savina, por la comisión de varias infracciones graves en materia de actividades.
El expediente se ha iniciado a raíz de una denuncia formulada por el SEPRONA durante el año pasado y de las inspecciones posteriores realizadas por los técnicos del Consell Insular, que pusieron de manifiesto un conjunto de irregularidades administrativas y técnicas de gravedad.
Según el informe técnico, la actividad desarrollada no disponía de título habilitante, ni tampoco de las autorizaciones sectoriales preceptivas.
Además, se constató que el establecimiento se encuentra ubicado dentro de una zona afectada por diferentes figuras de protección territorial y ambiental, como el Parque Natural de Ses Salines, la Red Natura 2000 y el dominio público maritimoterrestre.
Las inspecciones detectaron, entre otros incumplimientos, que se ejercía una actividad permanente sin licencia o declaración responsable, la falta de autorizaciones sectoriales o la ausencia de inscripción en el registro industrial y la falta de seguro de responsabilidad civil obligatoria.
Asimismo, se constataron deficiencias graves en seguridad y salud laboral, con instalaciones deterioradas, estructuras oxidadas y riesgo de incidencias técnicas, sin sistemas de contención ni control.
Por otro lado, también se detectó la existencia de una instalación ilegal de vertido de aguas con conexión al medio natural, posteriormente retirada.
El informe
El informe de los servicios técnicos concluye que la actividad supone un riesgo grave, aunque no inminente, para la seguridad, salubridad y el cumplimiento normativo, e insta a la suspensión inmediata de la actividad hasta que se regularice la situación.
El documento ordena la paralización de todas las instalaciones y maquinaria, con un plazo de 48 horas para cesar el funcionamiento y 30 días para la retirada de materiales potencialmente contaminantes y ordenar el recinto.
Las infracciones detectadas están tipificadas como graves de acuerdo con la Ley 7/2013 de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades, y pueden conllevar multas de entre 3.0001 y 30.000 euros, así como el cierre temporal de la actividad por un periodo máximo de dos años.
Además, el Consell tramitará un expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística para las construcciones realizadas sin licencia.
Paralelamente, se ha trasladado la documentación a las administraciones autonómicas competentes en materia de medio natural y costas, para su valoración dentro del marco de sus atribuciones.
CritcHay que darles tiempo, el "equipazo de intruismo" de 7,2 millones al año esta desbordado, no paran, han recaudado 400.000€ sólo en viviendas turísticas ilegales. Este año lo dejan ahí ya, al siguiente otros 7,2 millones.