Gent per Formentera ha hecho pública una nueva sentencia judicial, emitida el 29 de enero de 2026 por la Audiencia Provincial de Palma, más concretamente la 38/2026, que inició en 2013 y que todavía tiene derecho a recurso.
De esta forma, han resultado absueltos de todos los delitos de los cuales estaban acusados los exconsellers Jaume Ferrer Ribas, Sònia Cardona Ferrer, Bartomeu Escandell Tur y Josep Mayans Costa, con todos los pronunciamientos favorables y con la expresa imposición de costes de la práctica total del procedimiento a Leo Stober.
La acusación particular ejercida por Leo Stober, a través de su sociedad mercantil Sunwat S.L acusaba de graves delitos y pedía penas de prisión e inhabilitación por Ca ses Castellones y por la urbanización de los viales de Sant Ferrán y Es Pujols.
La sentencia dice lo siguiente:
«Desde la firmeza de la resolución, que fue en octubre de 2009 hasta que se iniciaron las obras de demolición, efectivamente transcurrieron 3 años, pero no fueron 3 años de pasividad. El Consell, asesorado por su equipo jurídico, interpuso los ya mencionados incidentes de inejecución y recursos ordinarios que la ley permitía para intentar salvar la obra ejecutada, intentando evitar, dentro de la legalidad permitida, la demolición».
«Es decir, agotaron las vías legales que se permitían, y posteriormente y sin demora, ordenaron la demolición», añade. «No hubo intención de no cumplir el mandato, puesto que la resolución quedó cumplida enapenas unos meses desde que quedó firme», dice también.
Sobre la prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos dice:
«En 2009 se suscribió entre el Consell de Formentera y el Ministerio de Fomento un convenio por el que por cesión anticipada de los terrenos por parte de los propietarios, se construirían dos rondas con sus correspondientes accesos en Es Pujols y Sant Ferran para beneficio de toda la isla y con coste íntegro para el Ministerio. La ejecución y la financiación de dicha obra fue revisada y controlada por varios funcionarios de Hacienda y Dirección General de Carreteras, que dieron el visto bueno en todo momento».
También dice que «no se ha alegado ni justificado ni concretado por la acusación ningún gasto realizado con dinero público de Formentera, aunque proviniera de Madrid, que pueda ser atribuido a una conducta malversadora» y que «dado que existe una clara falta de concreción en la acusación formulada, sumada también a la carencia de elementos probatorios de la misma, y el resto de motivos alegados en la fundamentación jurídica de la presente resolución, la Sala ha decidido emitir un pronunciamiento absolutorio».