El Consell de Formentera celebró ayer la primera reunión de la Mesa de Diálogo Social de la isla, con el objetivo de dar voz a los principales agentes sociales y económicos y articular una respuesta coordinada ante el actual contexto de incertidumbre internacional.
Durante el encuentro, que estuvo marcado por las posibles consecuencias económicas derivadas de la guerra en Irán, se abordó también la falta de definición de la Unión Europea en relación con la flexibilización de los regímenes de ayudas. En este sentido, José Antonio Roselló, vicepresidente de la Caeb en Ibiza y Formentera, señaló que cualquier medida que se adopte a nivel insular, autonómico o estatal está supeditada al marco normativo europeo en materia de ayudas públicas. Explicó que, aunque tanto el Gobierno de España como el Govern balear puedan diseñar líneas de apoyo, estas deben ajustarse a las reglas fijadas por Bruselas, lo que condiciona significativamente su alcance.
Actualmente, indicó Roselló, la normativa comunitaria se rige, entre otros instrumentos, por la denominada regla de minimis, que limita la cuantía de ayudas que una empresa puede recibir sin necesidad de autorización previa. Sin embargo, este mecanismo, junto a otros regímenes específicos, podría resultar insuficiente si se mantiene en términos restrictivos en un escenario de crisis como el actual. Por ello, según agregó Roselló, uno de los principales focos de atención se sitúa en la posible reacción de la Unión Europea, donde comienzan a surgir indicios de que se estaría valorando una flexibilización de estas normas para permitir a los Estados miembros desplegar medidas más amplias de apoyo económico.
«La flexibilización de las reglas fiscales europeas no solo afectaría al Gobierno central, sino también a las comunidades autónomas y a las entidades locales, incluyendo los consells insulares», apuntó, resaltando que la situación se encuentra en un «limbo», a la espera de decisiones que permitan, por ejemplo, el uso de remanentes por parte de las administraciones locales. Uno de los principales objetivos durante la reunión fue delimitar con claridad qué competencias corresponden al Consell de Formentera y, por tanto, en qué ámbitos podría intervenir de forma efectiva.
En este análisis, se identificaron como prioritarios tres sectores especialmente vulnerables ante el actual contexto económico: el transporte, la pesca y la agricultura. Estos ámbitos, considerados «en primera línea de fuego», se perfilan como los principales destinatarios de posibles medidas de apoyo. Asimismo, señaló, se planteó la posibilidad de extender las ayudas a otros sectores, aunque de forma más limitada y siempre supeditada a las directrices que marque el Govern balear.