El equipo de gobierno de Sa Unió en el Consell Insular de Formentera presentará en el próximo pleno una propuesta para aplicar en la isla la disposición adicional séptima de la Ley 7/2024, que regula un procedimiento extraordinario para la legalización de edificaciones, construcciones, instalaciones y usos existentes en suelo rústico.
La iniciativa, según explica Sa Unió, permitirá desplegar este mecanismo en Formentera «con criterios propios», ya que la institución actuará tanto como consell insular –habilitando su aplicación en todo el territorio– como administración municipal, fijando las condiciones específicas que deberán cumplir los proyectos técnicos.
El vicepresidente segundo y conseller de Territorio, Javier Serra, ha subrayado que «esta propuesta no abre ninguna puerta a nuevas construcciones ni supone una legalización automática», sino que busca «dar una salida ordenada, técnica y garantista a situaciones ya existentes». En este sentido, ha insistido en que el objetivo es ofrecer seguridad jurídica a edificaciones sobre las que ya no es posible actuar desde el punto de vista urbanístico.
El procedimiento se aplicará a construcciones en suelo rústico –tanto común como protegido– que cumplan los requisitos legales y cuyos plazos de prescripción hayan expirado. Entre los casos contemplados se encuentran edificaciones levantadas tras 1956 que no se adaptaron a normativas posteriores o aquellas ejecutadas con permisos antiguos, incluso de carácter militar, que nunca llegaron a regularizarse.
La propuesta incorpora exigencias adicionales adaptadas a la realidad de la isla. Así, los proyectos deberán incluir sistemas de depuración de aguas acordes al plan hidrológico balear, medidas de integración paisajística, mejoras en eficiencia energética e hídrica, así como actuaciones para reducir la contaminación lumínica y respetar la estética fijada por el planeamiento insular.
Además de las tasas e impuestos habituales, los solicitantes deberán abonar una prestación económica adicional, que será del 10 % del presupuesto de obra si se tramita durante el primer año, del 12,5 % el segundo y del 15 % el tercero.
Excepciones
El Consell recalca que no todas las construcciones podrán legalizarse. Quedan excluidas aquellas situadas en dominio público, zonas protegidas, áreas inundables o sujetas a expropiación, entre otros supuestos. Asimismo, las viviendas regularizadas mediante este procedimiento no podrán destinarse a alquiler turístico, una medida que, según Serra, pretende evitar «cualquier expectativa especulativa».
Desde la institución defienden que esta iniciativa tiene un enfoque claramente social, orientado a resolver situaciones de ciudadanos y familias, y no a beneficiar intereses económicos. Una vez aprobada en pleno, la medida se publicará en el boletín oficial y abrirá un plazo de tres años para presentar solicitudes.
El Consell de Formentera asegura que la aplicación de este procedimiento se realizará con prudencia, control técnico y garantías jurídicas, con el objetivo de equilibrar la seguridad legal de los propietarios con la protección del paisaje y del modelo territorial de la isla.