El conseller balear del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha defendido este martes en el Parlament la actuación del Govern en el asunto de las autorizaciones de hamacas y sombrillas en las playas de Formentera. Lafuente ha explicado que se ha dado luz verde a 39 autorizaciones temporales y que las que no han salido adelante ha sido porque no cumplían los requisitos establecidos por la normativa.
El conseller ha respondido así a una pregunta formulada por el diputado por Formentera, Llorenç Córdoba, quien ha asegurado que el «desorden administrativo» en las concesiones de playa en la isla se debe a un modelo «mal planteado desde el principio». Un modelo que, ha recordado, «fue iniciado y redactado por GxF, ejecutado por el PSOE con Antonio Sanz al frente del área y adjudicado y mantenido por Sa Unió-PP de Formentera, pese a las advertencias jurídicas y técnicas existentes en contra». Esta adjudicación fue precisamente la que terminó de quebrar la relación entre Córdoba y Sa Unió en el Consell formenterés.
Juan Manuel Lafuente ha explicado que el problema de estas autorizaciones temporales se remonta al momento en el que se dieron concesiones por ocho años mientras que las autorizaciones lo son por cuatro. Además, estas nuevas autorizaciones deben adaptarse al Reglamento de Costas y a informes técnicos. «El Govern actúa conforme a informes técnicos y con el cumplimiento a rajatabla de lo que establece la normativa», ha recordado Lafuente. Y ha añadido que él mismo se reunió este lunes con el Consell y con los concesionarios «para que sepan cuál es la situación real y la posibilidad de presentar alegaciones».
Córdoba, por su parte, ha indicado que la explicación de Lafuente deja claro que «el Govern no avala el relato que el Consell de Formentera ha intentado construir durante las últimas semanas» y que culpa a la conselleria «del retraso en las autorizaciones de hamacas y sombrillas». El expresidente insular ha afirmado también que las palabras de Lafuente desmienten que exista un «bloqueo arbitrario» como esgrime el Consell. Y ha añadido: «Hablamos de un concurso jurídicamente frágil, de un expediente que se ha alargado durante meses entre requerimientos, informes y correcciones, y de una gestión que no ha dado seguridad ni a los empresarios ni a la ciudadanía».
En una nota de prensa posterior a la sesión en el Parlament, Córdoba también ha lamentado que el Gobierno insular haya intentado «convertir un problema administrativo complejo en una acusación política contra el Govern, en lugar de asumir su parte de responsabilidad y reconducir una situación que ya venía advertida desde hace tiempo».
También ha denunciado la contradicción existentes entre «concesiones cuestionadas o sometidas a procedimientos de caducidad que continúan funcionando, mientras otros elementos de playa con autorización todavía no han podido ponerse en marcha». Córdoba, finalmente, ha recordado que ya en 2024, en plena crisis con Sa Unió por este tema, él mismo advirtió que el concurso era «una mala solución, jurídicamente frágil y difícil defender». Formentera, ha concluido, «está pagando hoy las consecuencias de aquellas decisiones».