El Consell Insular de Formentera ha presentado este martes ante la Mesa del Litoral un informe técnico y jurídico. Este documento servirá de base para las alegaciones de la institución al proyecto de 'Real Decreto por el que se adoptan medidas de gestión de los riesgos de inundación', impulsado por el Gobierno del Estado. Dicho proyecto, que se encuentra en su fase de audiencia e información pública, propone modificaciones al Reglamento de Costas. En esencia, Formentera busca salvaguardar su litoral sin comprometer la certeza legal.
La postura del Consell se fundamenta en la imperiosa necesidad de fortalecer la protección del litoral y de adaptar la normativa a los efectos del cambio climático. No obstante, la institución defiende con firmeza que esta adaptación debe llevarse a cabo mediante criterios técnicos objetivos, transparentes, verificables y proporcionados que, a su vez, garanticen la seguridad jurídica de los afectados.
El informe analiza con especial atención los nuevos criterios propuestos para determinar el alcance de los temporales y el tratamiento de los sistemas dunares. Estos dos elementos, sin ir más lejos, podrían tener repercusiones directas en la delimitación del dominio público marítimo-terrestre (DPMT). En este sentido, el Consell considera que la nueva regulación no debería permitir que episodios meteorológicos excepcionales o la utilización de registros de características dispares determinen, sin una metodología suficientemente definida, una eventual alteración de las delimitaciones existentes.
Respecto a los sistemas dunares, la institución insular sostiene que su salvaguarda debe fundamentarse en principios científicos y en un análisis pormenorizado de la función que desempeñan en cada ecosistema litoral. El propósito primordial es evitar automatismos que puedan acarrear la incorporación al DPMT de terrenos sin una justificación técnica adecuada.
Óscar Portas, presidente del Consell, ha enfatizado que «Formentera estará siempre al lado de la protección del litoral y de todas las medidas necesarias para afrontar los efectos del cambio climático, pero esta protección se debe hacer con rigor, con criterios objetivos y garantizando la seguridad jurídica». Asimismo, ha puntualizado: «No cuestionamos el objetivo de la reforma, sino determinados criterios con los que se quiere aplicar». El presidente ha subrayado la necesidad de rigor.
El presidente ha recalcado, además, la imperiosa necesidad de considerar la singularidad de la isla. «Formentera tiene una configuración litoral muy diferenciada, con una elevada presencia de sistemas dunares, playas, cordones litorales y una estrecha relación entre estos espacios y los terrenos interiores. Esta realidad se debe tener en cuenta a la hora de establecer unos criterios que después tendrán efectos directos sobre el territorio». La singularidad de la isla es un factor clave.
El informe recuerda que el Real Decreto 668/2022 ya había modificado los criterios del Reglamento General de Costas en una dirección muy similar a la que ahora se vuelve a proponer. Aquel Real Decreto, cabe recordar, fue anulado íntegramente por el Tribunal Supremo en enero de 2024 a raíz de un recurso interpuesto por la Plataforma de Afectados por la Delimitación de Costas de Formentera, debido a la omisión del preceptivo trámite de consulta pública previa.
El proyecto normativo actual, por su parte, recupera algunos de los criterios introducidos en 2022. Entre ellos, destaca la supresión del requisito que establecía como referencia que el alcance de las olas se hubiera producido al menos cinco veces en un periodo de cinco años. Ante esta nueva propuesta, el Consell planteará que cualquier modificación incorpore parámetros suficientemente definidos sobre los datos oceanográficos y meteorológicos utilizables, así como sobre la metodología para determinar la función de los sistemas dunares.
El Consell considera de vital importancia establecer una clara distinción entre la delimitación jurídica del dominio público marítimo-terrestre y la mera identificación de las zonas expuestas a riesgos de inundación. La adaptación al cambio climático y la prevención de riesgos, a su juicio, deben ser compatibles con una delimitación del DPMT basada en criterios científicos, predecibles y jurídicamente seguros.
Las aportaciones presentadas en el marco de la Mesa del Litoral servirán para ultimar la definición de las alegaciones que el Consell Insular de Formentera remitirá al Gobierno del Estado. En paralelo, el Consell ha recordado que Formentera también ha participado activamente en la tramitación de la futura Ley de ordenación, protección y gestión integral del litoral de las Illes Balears, ante la cual la institución ya ha presentado alegaciones para defender los intereses y las particularidades propias de la isla.
El presidente ha subrayado que «estamos ante dos procesos normativos diferentes, uno de ámbito estatal y otro de ámbito autonómico, pero ambos tendrán incidencia sobre la manera en que protegemos, ordenamos y gestionamos nuestro litoral. Por ello Formentera debe tener una posición propia y la debe defender allí donde corresponda». La incidencia de ambos procesos es crucial.
Portas ha insistido en que el objetivo del Consell es que la futura regulación, tanto a nivel estatal como autonómico, «sea capaz de combinar tres elementos que para nosotros son irrenunciables: la protección del litoral, la seguridad jurídica, el reconocimiento del hecho diferencial de Formentera y la realidad física y morfológica de la isla». Combinar protección, seguridad jurídica y hecho diferencial.
En este contexto, las contribuciones realizadas en la Mesa del Litoral serán fundamentales para consolidar la postura de Formentera y buscar el máximo consenso posible frente a los diversos cambios normativos que inciden en la costa de la isla.
La Mesa del Litoral se celebró este martes con la participación de la Plataforma de Afectados por la Delimitación de Costas de Formentera, el presidente insular Óscar Portas, los vicepresidentes Verónica Castelló y Javier Serra, y los consellers de GxF, Alejandra Ferrer y Rafael González, además del apoyo técnico-jurídico del Secretario habilitado nacional del Consell de Formentera, Ángel C. Navarro.