El Consell de Formentera ha acogido una reunión de trabajo con representantes de los afectados por los deslindes de Costas en Formentera para abordar la situación ante los cambios normativos.
Según ha informado el Consell en un comunicado, el encuentro ha dado continuidad a las conversaciones mantenidas entre las partes y ha servido para poner en común las principales cuestiones que preocupan a los afectados, especialmente ante la tramitación de la Proposición de Ley relativa a la modificación de la Ley de Costas.
El presidente del Consell, Óscar Portas, ha explicado que la intención es poner en común temas que han tratado en diferentes ocasiones con cada una de las partes y «avanzar conjuntamente en la defensa de los intereses de Formentera».
Portas ha dicho que cualquier modificación de la normativa de Costas «ha de tener en cuenta la realidad de Formentera y aportar seguridad jurídica a los residentes afectados».
El Consell ha recordado que ya presentó ante la Mesa del Litoral el informe técnico y jurídico elaborado para fundamentar las alegaciones al proyecto estatal que modifica el Reglamento General de Costas.
El Consell defiende que cualquier modificación de la normativa de Costas se debe basar en criterios técnicos «objetivos, transparentes y proporcionados», al garantizar la «seguridad jurídica» y tener en cuenta la «realidad física y morfológica específica de Formentera».
Paralelamente, la institución ha presentado alegaciones a la futura Ley de ordenación, protección y gestión integral del litoral de Baleares para defender las particularidades propias de la isla.
Tras la reunión, el portavoz del PP en el Congreso, José Vicente Marí, ha destacado que las reivindicaciones de los afectados son conocidas «desde hace tiempo. »Ahora el reto es convertirlas en soluciones concretas y hacerlas posibles", ha recalcado.
Desde el PP también han resaltado que muchos afectados «no han podido decidir con normalidad sobre sus inmuebles, ni planificar su futuro». El Consell, por su parte, ha afirmado que la protección del litoral ha de ser «compatible con la seguridad jurídica» de los residentes y con el reconocimiento de las «singularidades de Formentera».