Todos hemos oído hablar alguna vez de la Unión de Consumidores, sobre todo de sus estudios de campo y estadísticas, así como de su continua labor informativa sobre los derechos del consumidor. Esta organización, con una estructura que cubre todo el territorio nacional, tiene oficinas en las principales ciudades. En la Pitiüses, aunque carece de un local abierto al público, cuenta con delegados en todos los municipios, especialmente en Sant Antoni, Santa Eulària e Eivissa.
Según el portavoz de esta organización en Eivissa, Carlos Salinas, actualmente la Unión de Consumidores tiene alrededor de 500 socios en la isla, afiliados, que pagan una cuota, y adheridos, que no pagan pero realizan trabajos de colaboración para la organización a nivel estatal. En Eivissa las consultas y denuncias más comunes y numerosas son todas las relacionadas con la vivienda, los servicios de reparación de electrodomésticos, televisores y aparatos electrónicos, así como los talleres de automóviles y las compañías eléctricas y de abastecimiento de agua.
Los problemas de los consumidores con los comercios de ropa y la telefonía móvil también suelen ser habituales en Eivissa, al igual que el cobro de comisiones e intereses por parte de las entidades bancarias. El perfil del particular que acude a esta organización es muy variado. Salinas revela que no hay un perfil «porque hay de todo, sobre todo de clase media, y excepcionalmente clase alta, y de todas las edades». Desde la implantación de esta organización privada en defensa de los derechos de los consumidores hace 10 años ha notado «una evolución de menos a más, porque la gente ha ido tomando consciencia de que tiene unos derechos y de que hay una ley que les ampara».