El comité regional de derechos y garantías del Partido Popular en Balears decidió ayer abrir expedientes disciplinarios al ex-secretario general de la formación en las Pitiüses, Manuel Alonso Fernández Revuelta; al presidente del PP de Formentera y concejal en el Ayuntamiento de esta isla, Cándido Valladolid; y al afiliado de Formentera César Àlvarez.
En los tres casos, según explicó ayer a Ultima Hora Ibiza y Formentera el presidente del comité de derechos y garantías, Enrique Martí, la decisión se ha adoptado a raíz de las críticas realizadas en los medios de comunicación contra el presidente del PP pitiuso, Josep Juan Cardona, y contra el propio funcionamiento del partido. Martí quiso puntualizar que esta es una infracción tipificada en los estatutos del Partido Popular y que no debe confundirse en ningún caso con el derecho de todo ciudadano y miembro del partido a la libertad de expresión. «No es por el mero hecho de haber ofendido al presidente, sino por el hecho de que a estas críticas se les ha dado publicidad a través de los medios de comunicación», apuntó Martí.
Según el artículo 10 de los estatutos del PP, se considera una infracción grave «cualquier manifestación pública oral o escrita en los medios de comunicación que suponga descrédito, menosprecio o descalificación de cualquier afiliado al partido». Este mismo artículo también tipifica como falta grave el «propagar noticias por cualquier medio que desprestigien al partido, sean descalificatorias del mismo o de cualquiera de sus órganos de gobierno, representación o de los grupos institucionales». A partir de ahora, estudiar si los casos de Alonso Fernández Revuelta, Valladolid y Àlvarez son constitutivos de estas infracciones está en manos del juez instructor del caso.
El comité de derechos y garantías nombró ayer tarde a dichos instructores que, según explicó Martí, ahora deben tramitar los expedientes y proponer un pliego de cargos. Antes, habrán de dar audiencia a los implicados, a los que también se informará de las infracciones que se les imputan para que tengan derecho a contestar antes de que se tome una decisión definitiva. El instructor del caso es quien propone al comité una sanción concreta o el archivo del expediente y esto se somete a votación.