El miembro del Comité Ejecutivo de la Oficina Europea de Medioambiente, Pep Ribas, aseguró ayer que una gran parte de la información sobre el proyecto del dique que ha facilitado la Autoritat Portuària, el Consell y el Ayuntamiento «es inexacta», una acusación que argumentó mostrando una copia del contrato realizado entre la Comisión Europea y Puertos. Este documento especifica que, aunque el plazo para las obras principales remata el 31 de julio del año 2001, hay un año más de prórroga automática (que no es necesario solicitar) hasta el 31 de julio del 2002.
En el citado contrato también se señala que el proyecto está abierto a modificaciones y más prorrogas, previa solicitud de la propia Autoritat Portuària que debe tener respuesta de la UE en un plazo de 20 días. Una modificación del proyecto sería aceptada siempre que no afecte al 25 por ciento del presupuesto presentado. De lo contrario, se tendría que proceder al reinicio total del proyecto, desde la redacción a la presentación.
Pep Ribas, que además forma parte de la Coordinadora contra la ampliación del puerto, se ha propuesto «indagar aun más sobre posibles incumplimientos en las disposiciones de este contrato por parte de las instituciones», algo que, según un anexo del propio contrato, podría suponer la suspensión de la ayuda de la UE (de un 85 por ciento sobre el presupuesto del proyecto). Ribas recordó que las medidas de control sobre la conveniencia de las obras que subvencionadas la UE «se van a hacer más duras para evitar ciertas barbaridades».