El fallo de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) en el que desestima el recurso de GESA, ha abierto nuevas expectativas en el Govern ante la sentencia que debe dictar el Tribunal Constitucional (TC) sobre el impuesto de instalaciones que inciden en el medio ambiente (impuesto ecológico). Según explicó ayer el conseller de Hisenda, Joan Mesquida, «esperamos con atención la sentencia del TC, porque en caso de que sea desfavorable a las tesis que defendemos desde el Ejecutivo, tendremos que devolver unos 9.000 millones de pesetas a diferentes empresas».
La sentencia del TSJB desestimando el recurso de GESA no pilló desprevenido al Govern, ya que los magistrados se habían pronunciado de idéntica manera en casos similares. El impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente había sido recurrido, al menos, en otras quince ocasiones, y siempre el fallo fue desestimatorio. El Alto Tribunal ha recordado en las sentencias que el impuesto grava las instalaciones que afectan a actividades que inciden sobre el medio ambiente "por contaminarlo, degradarlo o distorsionarlo" y que obligan a la sociedad balear a soportar sus efectos externos, mientras que la actividad sólo beneficia a los agentes económicos implicados.
El tributo, de carácter directo (que puede repercutir en los recibos del consumidor), se determina basándose en el valor patrimonial de la media de ingresos brutos de explotación de los tres ejercicios anteriores al año de pago. Sólo Balears y Galicia tienen establecido este impuesto, aunque Extremadura, Castilla y León también han estudiado su aplicación, y esperan, como las Islas, la sentencia definitiva del TC.