La consellera del Partido Popular Neus Marí defendió ayer el voto negativo de su partido al nuevo reglamento que regula las guarderías del Consell y a las ordenanzas fiscales en las que se fijan las tarifas por entender que se ha producido un incremento desmesurado de los precios (que cifró en un 75 por ciento en algunos de los casos) y por desvirtuar el carácter de guardería laboral que tenían estos centros que, a partir de ahora, reducirán su horario salvo para hijos de padres que justifiquen que trabajan más allá de la jornada de 9 a 14 horas y cerrarán durante las vacaciones de Navidad, Semana Santa y en la primera quincena de septiembre.
El PP también criticó que se vaya a utilizar el criterio de ingresos familiares en lugar de la renta per capita familiar, por entender que de esta manera se perjudica a las familias numerosas, y el hecho de que no se dé prioridad a los niños con minusvalías. Por su parte, la consellera de Benestar Social, Sofía Hernanz, criticó el sistema anterior por ser mucho más arbitrario y señaló que las guarderías seguirán siendo laborales pero «acorde con la legislación educativa». Hernanz dijo que la adjudicación de plazas será más «transparente», con lo que «se evitará la tentación de dar las plazas a los amigos». Finalmente, la consellera argumentó que las tasas serán progresivas para responder a un criterio de solidaridad y justicia social.