El ex president del Govern, y actual ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, no fue informado por sus funcionarios de confianza que se estaban recibiendo mensajes por correo electrónico que correspondían a otra dirección. El juez Enrique Morell, titular del juzgado de instrucción número 9 de Palma, que investiga el denominado «caso Bitel», tomó ayer declaración como imputadas a la secretaria personal de Matas, Francisca Pascual, y a las funcionarias Belén Perera e Isabel Enseñat.
Estas tres empleadas, que estaban trabajando a las órdenes del ex president, fueron citadas a declarar tras las manifestaciones vertidas por el funcionario Sebastià Vallori, a cuyo ordenador llegaban los mensajes electrónicas del conseller de urbanismo del CIM. Vallori declaró que varias personas de su departamento tenían acceso a su clave informática. También reconoció que había descubierto dos mensajes que se habían recibido por error, y que le comunicó la situación a su superiora, la secretaria Francisca Pascual, que le indicó que lo comentara con el al departamento de informática. Estos dos mensajes los borró sin llegar a abrirlos, según dijo el funcionario.
Francisca Pascual, la secretaria de Matas, confirmó que tanto ella como los funcionarios que trabajaban en su departamento conocían y tenían acceso a la clave informática de Vallori, por lo que cualquiera de ellos podía utilizar el ordenador. La secretaria reconoció que fue informada de este error en la recepción de mensajes. Según su abogado Rafael Perera, al primer mensaje erróneo «no le dio importancia», mientras que al recibir el segundo «ordenó que lo comunicaran a Informática». Francisca Pascual aseguró que jamás le contó este incidente a Jaume Matas, y por tanto niega que el ex president se aprovechara de la información que se enviaba al correo electrónica del socialista Quetglas. La secretaria señaló que en aquella época (entre marzo de 1998 a mayo de 1999) Matas apenas recibía mensajes por correo electrónico.