La Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears prepara una campaña de control contra la oferta de alojamiento turístico ilegal. El principal objetivo no es sólo acabar con los establecimientos no regulados, sino también conseguir que los visitantes que utilizan, por ejemplo, pisos de alquiler, no escapen al pago de la ecotasa una vez que ésta entre en vigor, previsiblemente en el primer semestre del año que viene.
Celestí Alomar, conseller de Turisme del Ejecutivo autonómico, presentó esta iniciativa asegurando que la intención de su departamento es que las inspecciones de control puedan empezar este mismo verano, a pesar de que todavía no está definitivamente aprobado el impuesto turístico y que éste todavía podría sufrir algún cambio tras su tramitación parlamentaria. Para vigilar este tipo de oferta turística que escapa al control de las autoridades, el Govern planea crear equipos de inspección que estén formados por miembros de diferentes conselleries. De momento, se habla de unidades con inspectores de Turisme, Hisenda, Agricultura y Medi Ambient, aunque todavía no está del todo cerrada la propuesta. Su mecánica de trabajo consistirá en ir haciendo visitas a establecimientos de oferta de alojamiento no reglada para hacer todas las comprobaciones necesarias y tomar las medidas que se consideren pertinentes en función de la información recabada.
Según los cálculos del Govern, este tipo de oferta da alojamiento a un 15'5 por ciento de los visitantes que anualmente recibe Balears. De ahí su importancia para la recaudación final de la ecotasa, que se incrementaría en un 15 por ciento si se consiguiera que estos turistas no evitaran su pago por no estar registrados en establecimiento hotelero alguno. Especialmente relevante en el caso de las Pitiüses pueden ser estas medidas si se aplican con contundencia en la isla de Formentera, donde la oferta de viviendas vacaciones sin regularizar es muy amplia.