El coordinador del PP en Balears, Josep Juan Cardona, aseguró que, si estas medidas se aprueban, se producirá una avalancha de peticiones de indemnización que pueden incluso derivar en responsabilidades patrimoniales de las personas que adoptaron el acuerdo e incluso de los funcionarios que informaron a favor de la adopción de estos acuerdos.
Para Cardona, el contenido de las moratorias es muy preocupante porque supondrá una paralización casi completa de la construcción con muy pocas zonas donde poder urbanizar. «Eso fomentará la especulación con el valor del suelo», añadió. También el diputado del PP Joan Huguet alertó de que la adopción de estas medidas cautelares por parte de los consells pueden conllevar responsabilidades patrimoniales personales de quienes voten a favor de las moratorias. El diputado popular aseguró que se actuará «de forma cobarde» si no se atreve a aprobar estos acuerdos «porque sabe que esta norma es impracticable en algunos consells y puede derivar en responsabilidad patrimoniales». Huguet añadió que la decisión del Govern requiere del preceptivo informe del Consell Consultiu ya que esto supone un desarrollo normativo de las DOT.
Por su parte, el Consell Insular considera que «será necesario» establecer una moratoria urbanística que regule la suspensión de licencias en suelo urbano y revise las limitaciones establecidas en suelo rústico. Así lo destacó ayer el conseller insular d'Ordenació del Territori, Josep Marí Ribas, cuando se refirió al anuncio del Govern de aprobar este mes una moratoria para la isla de Eivissa, tal y como publicó ayer Ultima Hora Ibiza y Formentera . Marí Ribas aseguró «desconocer» los términos que se recogerán en la moratoria y destacó que el Ejecutivo autonómico está trabajando en este tipo de normas cautelares «desde hace tiempo». El Consell de Govern tiene previsto facultar a los consells insulars a que aprueben sus respectivas moratorias, una vez que ya se ha hecho público el contenido de los citados documentos.