El Ayuntamiento de Sant Josep presentará alegaciones contra la Norma Territorial Cautelar tras aprobar ayer en el pleno, con los votos en contra del Pacte, un informe desfavorable a la moratoria.
El alcalde en funciones, Jose Mari Ribas, Reganes, argumentó que el Ayuntamiento «cuenta con sus propias normas urbanísticas subsidiarias», que ya han reducido las parcelas urbanizables «a 12 sectores del centenar que había inicialmente» y que no cree que este tipo de crecimiento sea «excesivo». El PP denunció, además, que la norma cautelar afecta a todo el territorio municipal a excepción de un área de la bahía de Portmany y los núcleos urbanos de Sant Jordi y Sant Josep, «que también están paralizados por los dictámenes de la Comisión de Patrimonio». De aprobarse esta norma, aseguró Reganes, «el municipio quedaría afectado en un 90 por ciento del suelo urbano», lo que supone «una paralización total de la construcción».
El PP también alega «ilegalidad en el procedimiento» ya que el BOCAIB «no publicó la transferencia de competencias urbanísticas del Govern al Consell», el Consell Consultiu «no ha redactado un informe sobre la moratoria» y «no se han previsto indemnizaciones a los afectados». Por su parte, el portavoz de la oposición, Josep Mari Ribas, Agustinet, hizo una encendida defensa de la norma cautelar asegurando que no es preciso publicar esta transferencia en el Bocaib y que no necesita un informe del Consell Consultiu e incidió en que, sin la intervención del Consell, la explotación de la construcción «sería insostenible».