El Ayuntamiento de Sant Antoni lleva acumulados 33 expedientes a bares y comercios del municipio por la excesiva propagación del ruido. El concejal d'Interior de Sant Antoni, Josep Juan Ferrer, facilitó ayer estos datos, a petición del Grup Municipal Progressista, durante la sesión del pleno.
Respecto al horario de cierre, Sant Antoni ha abierto cinco expedientes a discotecas del municipio, algunas de las salas de fiesta acumulan más de uno. Las multas por no cumplir el horario de cierre de las discotecas se eleva a cien mil pesetas. No obstante, en el caso de los ruidos llega a ser más cuantiosa la sanción y se puede elevar hasta 700.000 u 800.000 pesetas. En cuanto a tickets, hay contabilizadas 22 infracciones en lo que va de verano y sólo siete respecto a la instalación de carteles.
La oposición progresista también preguntó en una moción de control sobre el aforo de los locales. El alcalde de Sant Antoni, Antoni Marí Tur, respondió que no hay datos sobre este asunto. Para los progresistas, «el día que ocurra algo en estas discotecas será un desastre tremendo» y acusó al ayuntamiento de ser «corresponsable» de alguna desgracia.
Una moción sobre vigilancia policial presentada por el Grup Progressista reabrió el problema de la seguridad. La oposición demandó una brigada policial de carácter permanente en Sant Rafel ante la falta de seguridad. El alcalde, por su parte, recordó que hay policía local en Sant Rafel y que no se prevé más plantilla de momento. A su juicio, «dos policías locales son incapaces de solucionar nada en un follón de una discoteca con varios miles de personas». La moción, a la que se sumó Democràcia Pitiusa, fue rechazada.