El voto de calidad del alcalde de Sant Antoni, Antoni Marí Tur, y la ausencia de un concejal del Grup Progressista, permitió ayer la aprobación de un informe en el que se cuestiona la legalidad de la moratoria urbanística y en el que se pide a la presidenta del Consell Insular d'Eivissa i Formentera, Pilar Costa, que pida un dictamen del Consell Consultiu sobre la legalidad de la norma aprobada por el Consell. El informe no contó con el respaldo de los dos concejales de Democràcia Pitiusa, ni con los seis del grupo municipal Progressista, ya que el séptimo estaba ausente.
La aprobación del informe sobre la Norma Territorial Cautelar centró una gran parte de la sesión plenaria en Sant Antoni. El portavoz de Democràcia Pitiusa, Vicent Marí Prats, llegó a pedir un receso del pleno para consensuar «cuatro o cinco puntos del informe que no son claros y tendenciosos», ya que no habían tenido acceso anteriormente al documento. Sin embargo, el alcalde se negó a la petición de Vicent Marí alegando que se acaba el plazo para presentar el informe.
Marí Tur justificó la presentación de ese informe, que rechazó en varias ocasiones ante la oposición que fuera un escrito de alegaciones a la moratoria, argumentando que se trata de «una clara invasión de las competencias municipales, vulnerando el principio de la autonomía municipal» y aseguró que se trata de un estudio realizado por los servicios jurídicos del municipio, «totalmente apolítico».
El portavoz municipal de los progresistas, Joan Marí Serra, reiteró que «se trata de un informe del PP» y añadió que «en el fondo, lo que se quiere es seguir construyendo». Antes de comenzar el pleno, Marí Serra expuso la posibilidad de hacer una impugnación del pleno por una posible ilegalidad, ya que no habían tenido acceso a toda la documentación del pleno.