La Fiscalía de Eivissa remitió ayer al juzgado de Instrucción número 4 un escrito solicitando la apertura de diligencias y el precinto de las obras de es Pouet al entender que existen indicios de un posible delito de desobediencia a la autoridad. El fiscal Manuel Campoy, sin entrar a valorar la validez o invalidez de la suspensión de las obras que fue ordenada por el Consell Insular, considera que deben paralizarse las obras y de esta manera dar protección a la institución insular como «ofendido o perjudicado» por la actual situación.
El fiscal reclama que se realice una inspección ocular anterior o simultánea a la medida cautelar y que, además, se tome declaración con imputación de delito a las personas consideradas responsables de que los trabajos continúen con casi total normalidad.
Para poder llevar adelante estas medidas se plantea la necesidad de que el Consell pueda «paralizar de forma efectiva» las obras reponiendo de nuevo los precintos que fueron arrancados el pasado sábado. Sin embargo, para que en esta ocasión surtan más efecto, se pide el auxilio de la unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil o del Cuerpo Nacional de Policía. No sólo eso. También se consideran necesarias medidas «de control y vigilancia a fin de asegurar el mantenimiento continuado e ininterrumpido de la medida cautelar de suspensión y precinto».
El objetivo, según explicó ayer Manuel Campoy, es «que no persista la desobediencia y que no se consoliden las obras» que, según pudo comprobar ayer este periódico, han avanzado notablemente desde que en la mañana del pasado sábado se procediera desde el Consell Insular a colocar los precintos que apenas duraron media hora.