La juez sustituta del Juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa, Loreto Arroyo, dictó un auto el pasado 25 de agosto denegando las medidas cautelares solicitadas por el fiscal para evitar que siguieran avanzando las obras de es Pouet y criticando la actuación llevada a cabo por el Consell por considerar que es de dudosa legalidad.
Dicho escrito, al que ha tenido acceso Ultima Hora Ibiza y Formentera señala que «la suspensión de las obras y el precinto de las mismas y de la maquinaria pudiera no ser acorde con la legalidad por lo que respecta a este último al no constar que se hubiera obtenido para ello la preceptiva autorización judicial». A continuación añade que «nunca debió el particular tomarse la justicia por su mano y sí acudir a la vía judicial».
A la vista de la existencia de «indicios de una actuación ilícita de la administración», la juez optó por no ordenar la suspensión cautelar de las obras que solicitaba el fiscal y observa que «la falta de autorización del juez de lo contencioso-administrativo para la ejecución inmediata de la orden administrativa de suspensión de las obras con el auxilio de la Guardia Civil difícilmente puede subsanarse».
Por todo ello, la juez sí demandó que se realizara una inspección ocular de la zona y comunicó al fiscal su decisión para que éste, si lo consideraba oportuno pudiera presentar un recurso de reforma en el plazo de tres días. Al parecer, el fiscal ejerció ese derecho y, en estos momentos, se espera a que las partes presenten sus alegaciones antes de tomar nuevas decisiones.
Este auto está referido a la primera de las dos acciones de precinto de las obras que ordenó el Consell Insular puesto que, el escrito del fiscal al juez se envió ante el incumplimiento de la orden de paralización que había firmado la presidenta Pilar Costa. Posteriormente, el Consell entró de nuevo en esta propiedad (auxiliado por la Guardia Civil) para precintar por segunda vez y, desde entonces, mantiene en la zona a un funcionario para vigilar que no se retoman los trabajos.