El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports del Govern, Josep Antoni Ferrer, ha suscrito un informe técnico en el que se analiza la Norma Territorial Cautelar de las Pitiüses y que señala que «se han detectado errores en la redacción de la norma, algunos de ellos con entidad suficiente como para provocar la inaplicación en determinados aspectos o la consecución de efectos contradictorios con la finalidad de la norma».
El Govern, además de dar a conocer dicho informe, emitió ayer una nota aclaratoria en la que puntualiza que «la conclusión del informe es favorable», aunque reconoce que existen errores de redacción (atribuibles a la urgencia con la que se redactó el texto o a la necesaria discreción en una norma de estas características) que conviene corregir antes de que se proceda a la aprobación definitiva. Así se señala también en las conclusiones del citado informe, en el que se dice textualmente «que la norma territorial cautelar (...) es conforme a derecho y ajustada a lo que se dispone en la Disposición adicional 3ª de la Ley 8/1987, de 1 de abril, de ordenación territorial de las Illes Balears».
El conseller hace cuatro recomendaciones concretas al equipo de gobierno del Consell Insular d'Eivissa i Formentera, empezando por el artículo 2 en lo que hace referencia a los edificios no construidos pero que cuentan con licencia. En este punto concreto, que el conseller del Govern considera el «artículo clave» de la norma, se sugiere que se incluya, como requisito para considerar ejecutada una urbanización la recepción de la misma y que, además, se descarte explícitamente la posibilidad de revocar licencias, «que en ningún caso podría ser automática y que, además, generaría el pago de indemnizaciones importantes». Por ello, el Govern entiende que habría que dejar claro que este artículo se refiere a las licencias ya otorgadas a la entrada en vigor de la norma.