El equipo de gobierno del Consell Insular, del Pacte Progressista, se reúne esta mañana para decidir el sentido de su voto en el pleno del próximo lunes, en el que se debatirá la petición del Partido Popular de solicitar un informe al Consell Consultiu sobre la moratoria urbanística.
El PP entiende que hay razones de peso para someter la normativa al examen de los juristas que asesoran a la Comunitat Autònoma y parece que el Govern balear que preside el socialista Francesc Antich también vería con buenos ojos que el Consell Insular optara por este camino. De confirmarse que existen importantes deficiencias jurídicas en el texto, como apuntó en su informe el conseller d'Obres Públiques del Govern, Josep Antoni Ferrer, el Consell Insular estaría todavía a tiempo de dar marcha atrás.
El Partido Popular, cuatro ayuntamientos pitiusos y algunos particulares han alegado que la moratoria invade competencias municipales al no tratar exclusivamente de ordenación del territorio (como el Govern facultó al Consell para hacer), sino también de urbanismo, para lo que no tiene competencias. Se da la circunstancia de que en 1998 se produjo una situación parecida, aunque de menor calado político, relacionada con la norma de protección de las cimas de las montañas que pretendía aprobar el Partido Popular. Entonces, el presidente Antoni Marí Calbet accedió a llevar el asunto al Consell Consultiu reconociendo que existían dudas jurídicas sobre las competencias de la institución. El portavoz socialista, Vicent Tur, advirtió de que la norma no podría llevarse adelante como luego confirmó el Consell Consultiu.